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TERESA BOUZA-WASHINGTON
El fiscal Fitzgerald presentó una acusación de obstrucción a la justicia, dos de perjurio y dos de falso testimonio contra el hombre de confianza de Cheney. El jurado investigador se disolvió ayer tras casi dos años de pesquisas durante los que, según explicó Fitzgerald, ha tratado de determinar quién dijo qué, a quién y cuándo en el «caso Plame». Valerie Plame era una espía de la CIA hasta que en 2003 su identidad como agente salió publicado en un artículo.

Esas afirmaciones, insistió el fiscal de origen irlandés, son falsas. Libby habló con varios reporteros sobre Plame antes de la citada conversación con Russert quien, apuntó Fitzgerald, nunca le dijo nada al ex asesor de Cheney sobre Plame. El fiscal, de 44 años, afirmó que al menos cuatro personas en la administración le revelaron a Libby la identidad de Plame antes de que el nombre de la espía saliese por primera vez a la luz, el 14 de julio de 2003. Uno de esos funcionarios fue el propio Cheney.

Su marido, el ex diplomático Joseph Wilson, atribuyó la filtración a una venganza de la Casa Blanca en su contra por haber acusado al Gobierno de invadir Irak con falsos pretextos. Aunque el grueso de la investigación ha acabado, Fitzgerald aseguró que la pesquisa continúa.

Karl Rove, el principal asesor político del presidente George W. Bush, se libró ayer de las acusaciones, pero sigue bajo investigación. Fitzgerald recordó en rueda de prensa que Libby dijo a la policía federal (FBI) que se enteró de la ocupación de Plame a través del periodista de la cadena NBC Tim Russert, y que lo comentó posteriormente con otros reporteros sin saber ni siquiera si era cierto que la esposa de Wilson fuese espía.

Esas conversaciones no son ilegales, ya que los funcionarios en cuestión tienen permiso para acceder a información secreta, pero difundirlas públicamente a sabiendas sí lo sería. Curiosamente, Fitzgerald no presentó cargos contra Libby por la filtración del nombre de la espía, el motivo por el que se abrió la investigación.