Este caso se suma a la moción de censura presentada la pasada
semana por un grupo de diputados del Parlamento Europeo contra
Barroso, al conocer que en verano de 2004 éste aceptó unas
vacaciones en el yate de un empresario griego por el hecho de
disponer de servicios de seguridad nacionales, a pesar de ser un
cargo europeo, el principal reproche en el caso de los escoltas es
que podría haberse incurrido en «doble remuneración», puesto que la
protección del presidente cuesta a las autoridades lusas unos 6.000
euros por mes, pagados en concepto de «mínimo» para que estos
trabajadores puedan conservar sus derechos de seguridad social en
Portugal, a lo que se añade un salario de la Comisión Europea.
El Reglamento que regula el estatuto de los funcionarios
europeos prohíbe el cobro de dobles salarios (asignados por la
Unión Europea y por un Estado miembro). La Comisión asegura que
«olvidó» comunicar el pago portugués a estos policías desde que
fueron contratados. Sin embargo, en marzo pasado, casi seis meses
después de entrar en funciones y cuando la prensa portuguesa se
hizo eco de la situación, fueron los propios escoltas los que
solicitaron una derogación.
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