En un fallo dividido, de tres votos contra dos, la Sala Penal del
máximo tribunal determinó que Pinochet está en condiciones de salud
para afrontar un proceso y agrega que el juez Juan Guzmán «ha
cumplido las formalidades» pertinentes. Los jueces consideraron que
de los antecedentes del proceso dictado por el juez Juan Guzmán
surgen «presunciones fundadas que incriminan provisionalmente al
imputado Augusto Pinochet Ugarte» en los nueve secuestros y un
homicidio.
Con la resolución de la Sala Penal, Pinochet quedó nuevamente en
manos del juez Juan Guzmán, que lo enjuició en 2001 por 75 crímenes
de la Caravana de la Muerte, proceso en el que finalmente fue
exonerado «por demencia vascular irreversible» el 1 de julio de
2002, fallo que le había servido para eludir la justicia hasta
ahora.
Los secuestros ocurrieron en Argentina, Bolivia y Paraguay y
fueron practicados por agentes de esos países, que entregaron a las
víctimas a la policía secreta chilena. Los magistrados también
establecieron que el recurso de amparo no es la vía para impugnar
un procesamiento.
El voto disidente, en tanto, recogió los argumentos de la
defensa del militar, de 89 años, en cuanto a que éste no está en
condiciones de salud para enfrentar un debido proceso, como lo
establecieron dos neurólogos ante el tribunal. «Resulta a estos
disidentes convincente la opinión técnica de los dos médicos
neurólogos. Con sus antecedentes cabe concluir que las afecciones
neurológicas que padece el amparado lo inhabilitan para defenderse
procesalmente», consigna el voto disidente.
El abogado de Pinochet, Pablo Rodríguez, calificó el fallo de
ayer de «desconcertante y retrógrado» y recordó que en 2002 la
misma sala había sobreseído definitivamente a su defendido a causa
de sus problemas de salud.
«Esta sentencia ha omitido el concepto del debido proceso. Esto
es un retroceso desde el punto de vista de los derechos humanos del
general Pinochet. Este fallo es una actitud retrógrada», insistió
el abogado, que anunció nuevos recursos para seguir adelante con la
defensa. Según fuentes judiciales, dichos recursos pueden ser una
petición de sobreseimiento definitivo por demencia o la impugnación
jurídica del procesamiento.
«Respecto de la orden de detención preventiva del general, ésta
se va a cumplir como lo establezca el tribunal pero vamos a pedir
que se le autorice ser atendido médicamente ante cualquier otro
accidente vascular», dijo Rodríguez.
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