Iyad Alaui explica ante la prensa el resultado de las negociaciones con las milicias de su país.

TW
0

JOSÉ SEAGE-BAGDAD
Nueve grupos políticos aceptaron desarmar a sus milicias en respuesta a una iniciativa del primer ministro designado de Irak, Iyad Alaui, de la que por ahora quedan fuera los fieles al clérigo rebelde chií Muqtada al Sadr. El acuerdo fue anunciado ayer por Alaui, quien expresó su esperanza en que el desarme de dichas milicias, que integran unos 100.000 hombres armados, se lleve a cabo durante el periodo de transición que termina con las elecciones de enero del 2005.

También se contempla la disolución de la Organización Báder, las antiguas Brigadas Báder, la principal milicia chií, que pertenece a la Asamblea Suprema de la Revolución Islámica (ASRI), liderada por el destacado político chií Abdulaziz Al Hakim. Sin embargo, el Ejército de Al Mahdi, la milicia de Muqtada al Sadr, que cuenta con unos 10.000 partidarios, se mantuvo al margen de estas negociaciones políticas, por lo que pasa, según algunas fuentes de la coalición, a ser una organización ilegal, mientras que su líder no podrá ejercer legalmente un cargo público en los próximos tres años incluso aunque deponga las armas.

«Me place anunciarles el éxito de las negociaciones a nivel nacional sobre la reintegración de las milicias y las otras fuerzas armadas que se encontraban fuera del control del Estado», dijo Alaui en un comunicado, leído ante varias cadenas de televisión. Este acuerdo incluye a todos los grandes ejércitos privados de Irak, incluidos los Peshmerga, el brazo armado de los dos principales grupos políticos kurdos del país, la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK) y el Partido Democrático Kurdo (PDK).

Según los planes de la coalición, al menos 60.000 antiguos combatientes o guardaespaldas armados habrán abandonado las armas y se habrán inscrito en el programa el próximo 1 de julio, cuando se verifique el traspaso de poder. Según estos proyectos, la mayoría de ellos pasarán a formar parte de las fuerzas policiales y de la guardia civil, otros 10.000 serán jubilados forzosos y el resto recibirán entrenamiento como vigilantes jurado o se integrarán en empresas privadas de seguridad.