Ben Eliezer se despide de su cargo con la destrucción de 51 viviendas palestinas.

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EUROPA PRESS-JERUSALÉN El primer ministro israelí, Ariel Sharon, ha comenzado a entablar contactos con los pequeños partidos de la extrema derecha con el objetivo de incorporar al menos a uno de ellos al Gabinete y apuntalar así la coalición gubernamental. Fuentes próximas a Sharon confirmaron que el ex jefe del estado mayor del Ejército, Saúl Mofaz, ocupará la cartera de Defensa, pero desmintieron la posibilidad de que el ex ministro de Infraestructuras, el ultraderechista Avigdor Lieberman, se haga cargo de Asuntos Exteriores.

Ariel Sharon comenzó a tantear a través de emisarios a dos partidos de la extrema derecha, para examinar conjuntamente la hipótesis de su incorporación al Gabinete, lo que le permitiría gobernar con una cierta holgura, al menos temporalmente. De unirse a la coalición, el Gobierno resultante sería el más derechista de la historia del Estado de Israel. El asesor de relaciones internacionales del primer ministro, Arnón Perlman, confirmó que el recientemente jubilado jefe del estado mayor del Ejército, Saúl Mofaz, será el nuevo titular de Defensa. Esta decisión fue criticada por el jefe de la oposición, Yossi Sarid, que dijo que votará en contra del nombramiento.

Las posiciones radicales defendidas por Mofaz mientras todavía se encontraba en la cúspide de la carrera militar, cuando llegó a proponer el secuestro en Ramala y deportación al extranjero del presidente palestino, Yasir Arafat, le han reportado fama de duro. Hablando ante los micrófonos del canal de televisión 'Al Yasira', el propio Arafat condenó el nombramiento de Mofaz, que calificó de contraproducente para la paz.

En estos momentos, el nuevo ministro de Defensa está siendo investigado por Scotland Yard en Reino Unido, después de que una asociación musulmana presentara cargos contra él, acusándole de «crímenes de guerra» en la represión militar de la Intifada palestina. De todos modos, en virtud de su legislación nacional, un extranjero no puede ser juzgado por la Justicia británica si los crímenes han sido cometidos en otro territorio.