El desempleo alcanzó en mayo pasado al 21'5 por ciento de la
población activa en Argentina, el índice más alto desde que se
realiza esta medición, informaron anoche fuentes oficiales. Según
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), ese mismo
mes el subempleo fue del 12'7 por ciento, por lo que la suma de
personas con problemas laborales totaliza el 34'2 por ciento de la
población. Estas cifras revelan que más de 3 millones de personas
en condiciones de trabajar carecen de empleo, mientras por lo menos
otros 2 millones más sufren condiciones laborales precarias. Hace
un año, la medición se ubicaba en el 12'4 por ciento y creció hasta
el 18'3 por ciento en octubre, antes de que se agravara el proceso
de recesión que ahoga la economía argentina desde 1998.
Mientras, el presidente argentino, Eduardo Duhalde, fue acusado
ayer de «abuso de autoridad» y de «violar la Constitución
Nacional», en demandas judiciales por haber suspendido la ejecución
de recursos de amparo contra el «corralito» financiero. Las
demandas fueron presentadas por un fiscal federal y la Defensoría
del Pueblo, que coincidieron en que Duhalde sentó «un pésimo
precedente» para las instituciones republicanas de este país.
Además, se recrudecieron las quejas de ahorradores afectados por
las restricciones financieras, que desde que entraron en vigor, en
diciembre pasado, han sido motivo de múltiples protestas, algunas
de ellas violentas.
Mientras, miembros del Gobierno justificaron el decreto «de
necesidad y urgencia» por el que Duhalde suspendió, desde este
miércoles y por 120 días hábiles, los fallos judiciales contra el
«corralito» financiero. Con el apoyo de la Corte Suprema de
Justicia, la decisión de Duhalde fue aceptada por los doce jueces
que instruyen querellas contra el «corralito» financiero, aunque se
considera que esto no supone un pronunciamiento definitivo sobre el
asunto. El fiscal Pablo Lanusse dijo que presentó una demanda
porque Duhalde «ha cometido un abuso de autoridad agravado» por su
condición de jefe del Estado.
«Mi obligación es denunciar cualquier delito y en este caso se
ha dictado un decreto que es ilegal, porque impide a los jueces
cumplir con sus funciones y anula el claro derecho constitucional
al recurso de amparo judicial», subrayó a los periodistas. Lanusse
sostuvo que el decreto presidencial «está suspendiendo la eficacia
de uno de los poderes del Estado, en este caso la Justicia, lo que
constituye un precedente grave para la República».
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