Una comisión de diputados argentinos inició ayer el proceso que
puede derivar en la destitución de los jueces de la Corte Suprema
de Justicia, activado a raíz del fallo del tribunal que declaró
inconstitucional el «corralito» financiero. El titular de la
comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, el peronista
Jorge Acevedo, leyó ayer un informe que resuelve la «admisibilidad
formal y la apertura de la investigación». Hay unos 40 pedidos de
juicio político contra los magistrados y los diputados deberán
decidir cuáles deben ser investigados y qué magistrados quedarán
afectados.
El proceso de juicio político establece que la comisión de
diputados actúa como fiscal y que después de una serie de acciones
parlamentarias la destitución de los magistrados debe ser aprobada
en última instancia por el Senado, con dos tercios de los votos.
Las acusaciones contra los magistrados están relacionadas con el
presunto mal desempeño de las funciones en distintas causas, la
comisión de distintos delitos y la falta de independencia. El alto
tribunal declaró inconstitucionales las restricciones al acceso a
los ahorros (el «corralito» bancario) el viernes pasado, lo que fue
calificado por el Gobierno y muchos políticos de «chantaje» de los
magistrados para evitar un posible juicio, después de ser durante
varias semanas blanco de protestas populares.
Mientras, el Gobierno peronista de Eduardo Duhalde firmó ayer un
acuerdo federal con las provincias para reducir a la mitad el gasto
político y ahorrar anualmente 1.000 millones de pesos (unos 500
millones de dólares). Después de intensas negociaciones, Duhalde y
23 gobernadores peronistas y aliancistas acordaron bajar en un 25%
el número de legisladores nacionales y provinciales y concejales
municipales. La reducción del gasto público es una exigencia tanto
del Fondo Monetario Internacional (FMI) como de la sociedad
argentina, que desde el pasado mes de diciembre reclama gestos de
la clase política con manifestaciones populares, conocidas como
'cacerolazos'.
Por otra parte, los directivos de las principales empresas de
capital español radicadas en Argentina manifestaron ayer a Duhalde,
su interés por permanecer en Argentina y le expusieron su «apoyo»
para buscar «conjuntamente soluciones» a la crisis en la que se
halla inmerso el país. «Los empresarios españoles tuvieron la
oportunidad de exponer al señor Duhalde la preocupación por la
situación social y económica que atraviesa el país», dijeron los
directivos en una declaración conjunta de la Cámara Española de
Comercio de Argentina hecha pública tras la reunión.
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