El plan de ajuste económico que quiere activar el presidente de
Argentina, Fernando de la Rúa, y que ha sido pergeñado por su
ministro de Economía, Domingo Cavallo, parecía que tenía allanado
su camino después de haber pasado por el Congreso y contar con el
apoyo de gran parte de la oposición.
Pero no ha sido hasta su llegada al Senado hasta que se ha
encontrado el fuerte obstáculo de la oposición peronista para
sacarlo adelante, ya que el Partido Justicialista no está de
acuerdo con los fuertes recortes salariales que se prevén para
algunos funcionarios y pensionistas, así como para los políticos de
alto rango, que podrían ver reducido su sueldo un 35 por ciento. La
oposición quiere que en vez de recortar de forma tan brusca los
salarios se apruebe una mayor carga fiscal para el sector
financiero, algo que repercutiría en los dos grandes bancos
españoles.
Todo ellos se produce en medio de protestas y movilizaciones
contra los recortes de los salarios de los empleados públicos, que
ayer volvieron a paralizar sus actividades e incluso ocuparon
varios salones del Parlamento. Por otra parte, Estados Unidos pidió
ayer al Fondo Monetario Internacional (FMI) que acelere los
trámites para otorgar nuevos fondos a Argentina.
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