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El ex presidente filipino Joseph Estrada fue detenido ayer en su domicilio, tres meses después de abandonar su cargo, y conducido al cuartel general de la Policía Nacional, por un delito de saqueo a las arcas públicas, castigado en este país con la pena de muerte. La detención tuvo lugar en medio de una gran expectación, dado que desde el pasado fin de semana unos 2.000 seguidores del ex jefe del Estado estaban congregados en los alrededores de su vivienda para evitar el arresto, por lo que tuvieron que ser dispersados por los agentes de seguridad. «Esto es una injusticia. Lo vamos a defender y no le abandonaremos», dijo uno de los congregados, el ex soldado Pedro Paupa, de 43 años.

Ante esta situación, varios miles de policías y marines, acompañados por una veintena de generales del Ejército se trasladaron hasta la vivienda de Estrada, situada en el barrio de San Juan, a las afueras de Manila, mientras varios helicópteros sobrevolaban la zona. En una furgoneta negra, acompañado de su esposa, Luisa Ejército Estrada, y escoltado por cientos de agentes, el ex mandatario fue conducido al cuartel general de la Policía, donde hicieron su ficha policial y la de su hijo, José, quien también fue detenido bajo los mismos cargos.

Toda la nación pudo ver en directo la toma de sus huellas dactilares y el momento en que los agentes le hacían las fotografías habituales, cuando se pudo comprobar su semblante ojeroso y decaído. En sus primeras declaraciones tras la detención, el ex jefe del Estado insistió a la cadena de televisión CNN en su inocencia y en que las acusaciones que le imputan son falsas. «Mi detención tiene motivaciones políticas y las elecciones se acercan», dijo el detenido en referencia a los comicios legislativos y locales del 14 de mayo.

Sobre su estancia en la cárcel, dijo que sus abogados solicitarán el arresto domiciliario, aunque reconoció que no sabía cuanto tiempo pasaría en una celda. Estrada recalcó que «todo esto es una conspiración de mis rivales políticos, del ex presidente Fidel Ramos y de los empresarios de Makati (distrito financiero de Manila), que controlan los medios de comunicación», pero «sigo teniendo futuro político», añadió. Respecto al actual Gobierno, volvió a repetir que es ilegítimo. «Es la ley de la turba», añadió el ex presidente.