El general retirado Augusto Pinochet declaró al juez Juan Guzmán
que «no soy ningún criminal», y responsabilizó a sus subordinados
de los crímenes que se imputan a la llamada «Caravana de la
Muerte». Así lo revela el contenido de la declaración indagatoria
que rindió el martes ante el magistrado de la Corte de Apelaciones
de Santiago, que fue difundido ayer.
El ex comandante en jefe del Ejército chileno fue interrogado
por su presunta responsabilidad en 57 homicidios y 18
desapariciones atribuidas a una misión militar a cargo del general
Sergio Arellano Stark, quien actuaba en calidad de «delegado
especial» de Pinochet. Esta comitiva recorrió diversas ciudades del
país en octubre de 1973 para «acelerar procesos judiciales» de
presos políticos, y según consta en el sumario que instruye el juez
Guzmán, ejecutó sin juicio a 75 opositores al régimen militar.
Pinochet aseguró que él jamás ordenó fusilar a nadie, aclaró que
la orden de la Junta de Gobierno era «abrir fuego sólo en caso de
defensa propia» y agregó que los encargados de agilizar los
procesos eran los comandantes de las respectivas unidades por donde
pasó la caravana. La misión de Stark era «acelerar los procesos
para instar a su pronta terminación; los que había que condenar,
sentenciarlos, y para aquellos que no tenían mérito, sobreseerlos»,
según la declaración del ex gobernante de facto.
Sobre si dio la orden de que no se entregaran los cuerpos de las
personas fallecidas, Pinochet contestó que si eso ocurrió alguna
vez, fue porque los cadáveres eran retirados por los propios
familiares. En otras ocasiones se debió, según dijo, a que se
trataba de terroristas indocumentados, lo cual dificultaba su
identificación y motivaba que nadie reclamara los cuerpos.
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