Tras una cerrada oposición inicial y una larga batalla jurídica, el
ex dictador Augusto Pinochet se puso ayer, por segunda vez en su
vida, a disposición de un equipo médico que debe determinar si está
en condiciones de ser sometido a juicio por violaciones a los
derechos humanos. A punto de ser acusado de desacato y tras varias
resoluciones judiciales en su contra, el camino médico fue la única
vía que le quedó al desaforado senador vitalicio para escapar de la
justicia que le atribuye responsabilidad en 75 crímenes de la
«Caravana de la Muerte».
El interrogatorio y los exámenes médicos -que la defensa
resistió hasta el final por considerar «indigno» que el ex
gobernante militar fuera exonerado por mala salud y no por
inocente-, son trámites que el juez Juan Guzmán debe cumplir antes
de resolver sobre el enjuiciamiento del ex dictador. El magistrado
había ya procesado al octogenario general el pasado 1 de diciembre
como autor intelectual de las ejecuciones de la comitiva militar,
pero su resolución fue anulada por los tribunales superiores por la
falta de la declaración indagatoria. La legislación chilena
establece que todos los inculpados mayores de 70 años deben ser
sometidos a exámenes mentales para determinar si padecen locura o
demencia, que son las únicos eximentes frente a un eventual
juicio.
Pinochet ingresó a tempranas horas al Hospital Militar de
Santiago, en el sector oriente de la capital hasta donde llegaron
también partidarios y detractores del ex dictador. La evaluación
del ex jefe militar está a cargo de un equipo integrado por dos
psiquiatras, una psicóloga y tres neurólogos, más dos peritos
adjuntos designados por la defensa y los acusadores. En
declaraciones a Televisión Nacional, el juez Juan Guzmán señaló que
esta primera jornada estaba dedicada a los análisis de laboratorio
y que a partir de hoy empezarán los exámenes psicológicos y
mentales.
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