El Gobierno boliviano acusó ayer al narcotráfico de pretender
desestabilizar el país y de sostener el bloqueo de caminos y la
huelga general en Cochabamba, ciudad a la que hoy han llegado unos
10.000 campesinos para sumarse a la ola de protestas. El estallido
social en Bolivia, que originó el sábado la declaración del estado
de sitio, responde a una «subversión política financiada por el
narcotráfico y a una campaña de desinformación que pretende
suplantar a las autoridades legítimas y al Estado de derecho»,
manifestó el ministro de Información, Ronald McLean.
Mientras, la tensión en Cochabamba volvió a agravarse, tras el
paréntesis del domingo con la llegada de unos 10.000 campesinos de
todo el departamento para unirse a las protestas en esta ciudad,
iniciadas por la subida de las tarifas del agua. El Gobierno ha
suspendido «por falta de garantías» la visita de una comisión a
Cochabamba que pretendía informar a los huelguistas de la retirada
del proyecto del consorcio Aguas del Tunari, que había originado
las protestas por la propuesta de subida de tarifas.
Según el portavoz gubernamental, en Cochabamba han vuelto «los
momentos de tensión y hay asaltos de tiendas», mientras la
Coordinadora de Defensa del Agua, que desmiente los actos
vandálicos, planteó sus exigencias en una asamblea pública
realizada en una plaza céntrica. Entre las exigencias de este
movimiento cívico figura la demostración documental de la salida de
Aguas del Tunari, una reforma de la ley de aguas para no perjudicar
a los campesinos y libertad para los 22 detenidos durante las
manifestaciones.
El Gobierno expresó su desconcierto por la nueva marcha de
campesinos «que no tiene relación con el problema inicial» y
consideró que «están sometidos a un proceso de desinformación»
respecto a las consecuencias de la Ley de Aguas. En cuanto a las
movilizaciones de campesinos en el altiplano, McLean informó de que
el problema «se ha superado en gran medida» tras los graves
enfrentamientos.
El conflicto social que vive este país desde hace una semana ha
causado ya la muerte de cuatro personas, según la versión oficial,
mientras que los medios de comunicación informan de una víctima
más. A pesar de que el Ejército ha reforzado a sus unidades en el
altiplano, los campesinos de esta región continúan con el bloqueo
de caminos.
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