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EFE - LA PAZ La tregua llega tras los graves acontecimientos del sábado en contra del estado de sitio decretado por el Gobierno, que causaron la muerte de un profesor de 54 años en el altiplano y de un joven de 17 en Cochabamba, ambos por impactos de bala. Además de las víctimas mortales, el número de heridos se eleva ya a medio centenar, especialmente entre campesinos que bloqueaban las carreteras del altiplano y manifestantes de Cochabamba, enfrentados a las fuerzas del orden, según los datos oficiales.

Como consecuencia de la aplicación de la medida de emergencia, el Ministerio de Gobierno confirmó la detención y confinamiento en lugares alejados de 22 sindicalistas, entre ellos los principales líderes campesinos. A la situación de relativa tranquilidad ha contribuido el acuerdo salarial alcanzado entre el Gobierno y los policías de bajo rango, que ha permitido poner fin al motín de 24 horas por parte de un millar de uniformados en dos cuarteles de La Paz, que amenazaba con extenderse a otras ciudades.

Los campesinos que bloquean los caminos en protesta por la retirada de la Ley de Aguas y de la reglamentación de la Ley Agraria, entre otras demandas, han reiterado desde la clandestinidad la amenaza de radicalizar sus protestas. A pesar de que el Ejército, con la ayuda de tanques, logró ayer despejar las principales vías que unen el altiplano con los valles centrales, los enfrentamientos con los campesinos continuaron en las proximidades de La Paz.

La situación en las calles de las principales poblaciones bolivianas es de relativa tranquilidad, después de una noche sin incidentes en la que se respetaron las restricciones de circulación y reunión. En Cochabamba, la organización convocante de las protestas, la Coordinadora de Defensa del Agua accedió ayer a suspender las manifestaciones en espera de la respuesta gubernamental a un documento que exige rescindir el contrato con Aguas del Tunari.

Este consorcio internacional, del que forma parte la española Abengoa, propuso un incremento en las tarifas del agua para financiar el proyecto múltiple de riego y potabilización, que ha sido el causante de la huelga general en esa población.