El ministro chileno de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza,
anunció ayer que el Gobierno recurrirá a un arbitraje internacional
con España y Gran Bretaña para dirimir la situación jurídica de
Augusto Pinochet, detenido en Londres desde hace seis meses.
El arbitraje se hará en el marco de la Convención Internacional
contra la Tortura, suscrita por los tres países en 1988, según
informó el canciller.
El contenido de esta convención fue el que aplicó la Cámara de los
Lores el pasado 24 de marzo para señalar que Pinochet es
extraditable a España por los delitos de tortura que se le imputan
durante el gobierno militar posteriores a diciembre de 1988.
El ministro de Relaciones Exteriores recordó que Chile suscribió
el 9 de septiembre de 1988 dicho tratado dejando en reserva el
artículo 30, que establece un mecanismo de solución de
controversias. Este mecanismo fija un plazo de seis meses para que
las partes en conflicto "en este caso Chile, España y Gran Bretaña"
establezcan independientemente la forma de llevar a cabo el citado
arbitraje.
Insulza explicó que el presidente Eduardo Frei «autorizó dictar
un Decreto Supremo para que dicha reserva quede sin efecto y se
pueda recurrir al arbitraje».
El canciller señaló que en el arbitraje Chile va a reiterar los
fundamentos de su argumentación en este caso: la convicción de que
lo mejor para el país es el retorno de Pinochet, que Chile tiene el
«mejor derecho» para juzgarle y que no reconoce jurisdicción a los
tribunales españoles.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.