La presión española ha sido determinante para mantener los avances
logrados en la última reunión. No obstante, entre los puntos que
permanecen sobre la mesa se encuentra la propuesta de estabilizar
en 40.500 millones de euros anuales el gasto agrícola, algo que
costará encajar con el resto de la reforma.
La ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, reiteró que
España no aceptará un acuerdo sobre la reforma de la Política
Agrícola Común (PAC) que signifique una reducción del gasto, es
decir, ni la congelación ni la reducción de las ayudas. «Si no hay
una flexibilidad en cuanto al techo es imposible llevar a cabo una
reforma», y señaló que existen otras vías para cuadrar las cuentas
como la modulación de las ayudas que reciben los agricultores más
ricos.
España, que recibe anualmente entorno a un 11 por ciento del
presupuesto total agrícola (4.500 millones de euros), no aceptará
ni la congelación del gasto ni el recorte de las ayudas directas
que propone Francia, ni tampoco que se eche por tierra el aumento
de cuota láctea (550.000 toneladas), el reconocimiento de los
rendimientos históricos en el cereal (2'9 toneladas por hectárea) o
el incremento de las primas al ternero macho conseguidos en la
última propuesta de compromiso de la presidencia comunitaria
alemana.
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