La socialista Mercedes Garrido señaló que se trata de una trasferencia necesaria pero que «necesita de una dotación óptima». «Es una de las competencias más importantes y por eso hay que ser muy cuidadosos a la hora de negociarla y reclamarla». Plantea que se trata de una transferencia limitada dado que no incluye ni la posiblidad de crear nuevos juzgados ni a jueces o letrados de la administración de Justicia.
El Partido Popular, representado por el diputado Óscar Fidalgo criticó que en ocho años de gobierno progresista no se haya dado ningún paso para negociar esa transferencia. «Si uno coge las preocupaciones de los ciudadanos no aparece la Justicia. Sin embargo, a la hora de negociar no se pueden cometer los errores que se han cometido ahora con la transferencia de Costas. Es necesario un debate serio sobre un documento de mínimos que disponga los parámetros para asumir la Justicia». Considera, no obstante que «no es la panacea» a la hora de solventar los problemas de esta administración en las Islas.
Alejandro López, diputado de Podemos, afirma: «La transferencia viene en nuestro estatuto. Es algo que está muy claro». Sin embarto matiza que el problema es el cómo se hace: «Es imprescindible que esté muy bien dotada». «Sí es el momento de comenzar a abordarlo teniendo en cuenta que sirve para acercar la gestión a la ciudadanos, pero obviamente con condiciones».
Ángel Hoyos, de Ciudadanos, se salió del argumento . «La cuestión es para qué se quiere la transferencia. ¿Para imponer el catalán en la administración de justicia y colocar a sus amiguetes? Ahora mismo no sería posible la transferencia en condiciones, habría que pulir muy bien qué ocurrirá con el catalán». Desliza que, lo que se pretendería es controlar esta administración.
Para Més el asunto es más sencillo. Ferrán Rosa lo ve claro: «Así como está ahora el diseño de la justicia en el estado español ha quedado totalmente obsoleto. Las competencias deben llegar en condiciones y es una cuestión de voluntad política y de fondos». Pone como ejemplo que el Ministerio sea incapaz de cubrir las plazas de funcionarios de las oficinas judiciales y la elevada rotación de las plazas «porque no se tiene en cuenta el coste de vida en las Islas». Vox, presente en el debate a través de la diputada Idoia Rivas mostró su oposición frontal al estado autonómico. «No solo no queremos la competencia de Justicia sino que queremos devolver otras. Es un sistema innecesario que perjudica a los ciudadanos».
Josep Melià, por su parte, considera que no hay ningún debate posible. El candidato del PI recuerda que el Estatut, una ley orgánica dice que la competencia se debe transferir. «Lo honesto y lo serio es cumplir con la ley». Considera que una transferencia redundaría en una mejora del servicio público: «Estabilizaría las plazas de funcionarios. A nadie se le escapa que si las infraestructuras y las plantillas son más estables el servicio público funcionaría mejor». De esta idea, de nuevo discreparon Ciudadanos, PP y Vox que no creen que asumir los funcionarios judiciales aguilice los procedimientos.
3 comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
Un oficial de justicia cobra 1500€ al mes, los administrativos y auxiliares menos todavía. ¿ quien va a venir a trabajar aquí con ese sueldo? Mucho bla bla, pero a ninguno de estos partidos les apetece demasiado solucionar lo evidente y que funcione este servicio.
YomismoEspanya no mos compensa per donar serveis públics als 300.000 espanyols que han immigrat aquí, lo contrari, mos exigeix 4200 milions d'euros cada any. Això és política, agradi o no
La Justicia, la Sanidad y la Educación no deberían depender de los órganos políticos. Mientras estos tres organismos estén politizados este país no va a funcionar nunca.