Una de las reuniones del Govern con agentes sociales para la aprobación del Régimen Especial de Baleares. | Joan Torres

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La inminente disolución de las Cortes tras la convocatoria de elecciones tendrán consecuencias en importantes materias que se están negociando, entre las que destaca el REB. La cuenta atrás para su aprobación comenzó este viernes tras el anuncio de elecciones anticipadas, pero el Govern aún confía en que pueda salir adelante.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, aseguró que el Gobierno debe «cumplir la palabra dada» tras numerosos compromisos públicos por parte de Pedro Sánchez y de sus ministros.

«Quien ha de aprobar los acuerdos es el Gobierno de España y el tiempo se acorta porque las elecciones ya están convocadas», señaló la presidenta, quien precisó que el REB se puede aprobar hasta el mismo 28 de abril.

No parece que vaya a ser el caso porque resulta altamente improbable que el Gobierno apruebe una propuesta de esta naturaleza en plena campaña electoral. El último Consejo de Ministros fuera de campaña es el 5 de abril, que sería la fecha límite para que el texto salga adelante.

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Pero hay otra complicación, porque la única posibilidad de aprobación que queda a estas alturas es que el Gobierno utilice la vía de un decreto ley. Y aún hay más porque, en cualquier caso, el documento lo tendrá que convalidar la Diputación Permanente porque el Congreso ya estará disuelto en apenas tres semanas. Es una remota posibilidad, según reconocen fuentes del Govern, que sin embargo no terminan de tirar la toalla.

Pero no es el único asunto que decaerá como consecuencia de la convocatoria de elecciones porque toda ley en tramitación en el Congreso decaerá de forma automática en cuanto se disuelvan las Cortes, el próximo 4 de marzo. Es el caso de una proposición de ley para prohibir las prospecciones presentada por el Parlament balear y, sobre todo, la reforma del Estatut d’Autonomia para suprimir los aforamientos de los diputados en el Parlament y los miembros del Govern.

Tres diputados del Parlament tienen previsto viajar la próxima semana a Madrid para defender en el pleno del Congreso una propuesta que no tiene ninguna posibilidad de recibir la aprobación definitiva. El martes se votará la totalidad, pero una vez aceptada por el Congreso debe comenzar una tramitación para que la que ya no hay tiempo.

En el plano de las relaciones bilaterales entre ambos gobiernos, sobre la mesa está aún la amenaza de inconstitucionalidad de una de las leyes clave de la legislatura: la de Vivienda. Govern y Gobierno está trabajando en una comisión bilateral porque desde Madrid se alertó de la posible inconstitucionalidad de que los bancos deban ceder sus pisos vacíos al Govern por un periodo de tres años. La misma amenaza pesa sobre la ley de salud laboral.

El Govern espera que estas discrepancias puedan resolverse antes de que se celebren las elecciones ya que a partir de entonces el Gobierno está en funciones hasta que se forme un nuevo Ejecutivo.