El pasado 27 de noviembre de 2023, los firmantes -patronales, sindicatos y agentes sociales y económicos- presentaron el manifiesto ante la Delegación de Gobierno. Además, a principios de diciembre, Eduardo Soriano, presidente de la Cámara de Comercio, entregó en la Asamblea General de Insuleur el manifiesto ‘Illes Balears: uniendo fuerzas para superar las dificultades’ con el objetivo de que llegue a las instituciones europeas. El presidente de la Asamblea, Joseph Borg, recibió el escrito de manos de Soriano.
Y el 18 de diciembre, la presidenta del Govern, Marga Prohens, recibió en audiencia a los representantes de las entidades que habían firmado el manifiesto. La presidenta destacó que la revisión del reglamento era una oportunidad para avanzar en la compensación de la insularidad. La presidenta apeló a todos los agentes sociales, económicos y de la sociedad civil para hacer un frente común para defensar la flexibilización de la normativa de minimis de la Unión Europea y los intereses de Balears. Entonces, ya se había aprobado la modificación del reglamento, rechazando las peticiones de Balears, aunque nada se dijo en aquel momento.
Otro de los cambios aprobados el pasado diciembre con el cambio de normativa se refiere a las empresas de Servicios de Interés Económico General. El límite máximo por empresa se ha elevado de 500.000 a 750.000 euros. Otro cambio en el reglamento es que para reducir las obligaciones de presentación de informes de las empresas, los estados miembros estarán obligados, a partir del 1 de enero de 2026, a registrar las ayudas de minimis en virtud de ambos reglamentos en un registro central establecido a nivel nacional o de la Unión Europea.
Otro de los cambios se refiere a que en virtud del nuevo reglamento, la Comisión anuncia la introducción de ‘puertos seguros’ para los intermediarios financieros, que ya no exigen una transferencia total de beneficios de los intermediarios financieros a los beneficiarios finales.
En todo caso, el manifiesto impulsado desde Balears pretendía introducir un cambio sustancial en la regla de minimis, aprovechando que debía modificarse antes del 31 de diciembre y que España ejercía la presidencia del Consejo de la Unión Europea, un cargo rotatorio entre todos los estados miembros.
La modificación aprobada es, prácticamente, una actualización a consecuencia de los incrementos de la inflación. Los firmantes del manifiesto ‘Illes Balears: uniendo fuerzas para superar las dificultades’ pretendían que las Islas quedasen exentas de los límites aplicables de la norma general de minimis, en especial para el transporte de mercancías. De todas formas, ya proponían que, en caso de no aceptarse esta excepcionalidad, se elevara el límite máximo de las ayudas de minimis en base a la cuenta de resultados de cada empresa.
La regla de minimis provoca que las empresas de Balears no puedan compensar debidamente los sobrecostes derivados de la insularidad. Impide, además, a los empresarios de Balears acceder a otras subvenciones. De igual manera, la regla comunitaria restringe el alcance de las medidas fiscales del Régimen Especial de Balears (REB). De esta manera, las empresas de Balears continúan estando en desventaja respecto las de la península.
La cuantía de las ayudas al transporte, por lo que hace referencia a Balears, se fijan en el Real Decreto Ley 1034/1999. El importe de las mismas es del 60% para el transporte marítimo y del 65% para el transporte aéreo. Ahora bien, en la Disposición Adicional Primera se limita la cuantía máxima a percibir por estas compensaciones. Ahora, la regla de minimis fija un máximo de 300.000 euros cada tres años.
Además, hay que considerar que el Real Decreto-ley 4/2019, de 22 de febrero, del Régimen Especial de las Illes Balears, en su Disposición transitoria primera ya solicita que se aumente la cuantía de la regla de minimis o bien, que no sea de aplicación para las ayudas al transporte de mercancías fijadas por el RD ley 1034/1999.
No puede obviarse tampoco que existe una resolución del Parlamento Europeo de 7 de junio de 2022, sobre las islas de la UE y la política de cohesión. El punto 83 de esta resolución señala textualmente que «todas las islas de la Unión deben quedar exentas de los límites aplicables a la norma de minimis, de modo que se vean menos perjudicadas; pide, asimismo, a la Comisión que adopte las normas sobre ayudas estatales para garantizar que las ayudas para poner remedio a la insularidad no se consideren ayudas estatales sino una compensación para colocar a las islas y regiones ultraperiféricas europeas en pie de igualdad con sus homólogas continentales». La resolución parece clara, pero la realidad es que el reglamento se ha modificado y las ayudas al transporte continúan sujetas a la regla de minimis.
TUTZÓ. Francesc Tutzó, presidente del Cercle d’Economia de Menorca, se ha implicado directamente en la lucha con la regla de minimis y en impulsar una modificación que beneficiara a los empresarios de Balears. «No estamos satisfechos. Nosotros queríamos que la regla de minimis no afectara al transporte de mercancías. Es una injusticia que las empresas de Balears estén sometidas a la normativa de minimis. Es una desigualdad con respecto a las empresas de la península», indica Tutzó.
El presidente del Cercle de Menorca incide en las empresas más perjudicadas por la regla de minimis.
«Las empresas que importan materias primas y exportan productos elaborados y que, por tanto, han de soportar costes de fletes importantes, se ven muy perjudicadas», señala y recuerda que la norma de minimis impacte directamente, y de forma importante, en la cuenta de resultados de las empresas.
En el manifiesto ‘Illes Balears: uniendo fuerzas para superar las dificultades’, se asegura que «todas las entidades que firman este manifiesto consideramos que en desarrollo del artículo 138.1 de la Constitución Española y de las consideraciones de la Resolución del Parlamento Europeo para las islas y política de cohesión, es necesario determinar, establecer y regular el régimen de medidas de todo orden, destinadas a compensar los efectos de la insularidad de las Illes Balears». Y añaden: «Para ello es necesario, sin duda, desarrollar una estrategia específica integradora, con planes o proyectos de acción efectivos, que permitan a las Illes Balears superar las múltiples desventajas estructurales permanentes, enfrentarse a los importantes desafíos y complementar, apuntalar y reforzar nuestro modelo económico».
El manifiesto es muy claro al asegurar «que la insularidad es una desventaja permanente que afecta a todo el tejido empresarial y, en especial, a las empresas industriales, cuyas ayudas al transporte de mercancías con origen o destino a nuestras islas, que fija el Decreto ley 1034/1999, estén sujetas al reglamento de minimis...». Acto seguido, el manifiesto reclama que algunas de las ayudas, como la del transporte de mercancías, queden exentas de los límites aplicables de la norma general de minimis. Y acto seguido, el manifiesto ya prevé la posibilidad de que no se acepte la excepcionalidad de Balears. «En el caso de que no se acepte por los Estados miembros la excepcionalidad que acabamos de exponer, como alternativa, se propone elevar el límite máximo de ayuda de minimis que una empresa insular pueda recibir del estado miembro a lo largo de un periodo de tres año.
Además, el manifiesto propone que «las ayudas al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destinos a las islas queden exentas de los límites aplicables del reglamento de minimis». En este sentido, añade que «es una evidencia que estas ayudas al transporte marítimo de mercancías, de ser atendida nuestra solicitud, reducirían la brecha entre islas y el continente, permitiendo de esta manera un mercado abierto y competitivo, en igualdad de condiciones entre empresas del continente e insulares».
