Los años de vino y rosas se han acabado. El BCE cierra el grifo y deja de comprar deuda pública soberana. La compra de bonos ha sido la política monetaria que ha utilizado Mario Draghi (“Supermario”) para poner freno a la deflación y estimular el crecimiento en los países de la zona euro. De todas formas, los tipos de interés se mantendrán en el 0% hasta prácticamente finales del próximo año porque no se vislumbra con claridad el comportamiento futuro de las economías de la eurozona en el momento que desaparezca el salvavidas que ha supuesto durante más de tres años la compra mensual de 80.000 millones de euros de deuda pública por parte del Banco Emisor Europeo.
El presidente Draghi (que finaliza su mandato en otoño de 2019) promete seguir con mucha atención futuros acontecimientos sin descartar que se puedan implementar las medidas que sean necesarias para evitar un retroceso en la situación económica. Ya lo hizo en 2012 cuando afirmó: “Haré todo lo necesario para salvar el euro”.
De todas formas, como afirmaba hace unos días La Vanguardia, “la retirada de los estímulos monetarios, sin embargo, llega en un mal momento, con riesgos como el brexit, las dificultades de Francia y de Italia para contener sus déficits públicos, la guerra comercial, la crisis de los países emergentes y la volatilidad de los mercados financieros”.
Por otra parte, el gran peligro que se cierne ahora sobre los países con una elevada deuda pública, como consecuencia de este nuevo escenario, es el de un incremento significativo de los tipos de interés.
Para muchos países, entre ellos España, esta coyuntura sería altamente negativa. Nuestro país está 40 puntos por encima del nivel de equilibrio deseable de deuda pública que se sitúa en el entorno del 60% del PIB. Precisamente estos 400.000 mil millones de euros se han generado durante los años de la crisis y es muy improbable, por no decir imposible, que este desequilibrio se pueda revertir en las próximas décadas. Ya será un éxito si somos capaces de no aumentarla (la deuda pública) liquidando sin déficit los presupuestos de los próximos años.
Para que esto se produzca, teniendo en cuenta que las partidas del gasto social lógicamente tendrán un recorrido ascendente, los sucesivos presupuestos deberán contemplar un incremento de la presión fiscal sobre empresas y familias.
Precisamente hace unos días la OCDE ha hecho públicos los datos estadísticos de la presión fiscal de sus países miembros correspondiente al ejercicio 2017. Este indicador mide la recaudación en relación con el PIB. España ocupa el puesto número 19 del ranking con una presión fiscal del 33,7%. La media está en el 34,2%.
De todas formas, volviendo al problema de la deuda, cuando se produzca un más que probable despunte de los tipos de interés, nuestro país puede verse seriamente afectado porque deberá aumentar sensiblemente la partida presupuestaria destinada al servicio de la misma, lo que hará más inevitable aún este incremento de la presión fiscal que comentamos.
Feliz Año 2019.
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