El músico y actor teatral español, líder del grupo musical 'Los Canarios', Teddy Bautista. | Eduardo Parra - Europa Press

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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado cuatro años de prisión por un delito de administración desleal y una indemnización a favor de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de 29,8 millones de euros para el que fuera su presidente, Teddy Bautista, por sus maniobras en la gestión del llamado 'proyecto Arteria', dirigida esencialmente a inversiones en «espacios escénicos».

Esta petición se suma a los siete años de prisión y la multa de 135.000 euros que el Ministerio Público pide contra él por el presunto desvío de fondos en la sociedad de autores y por el que se sentará próximamente en el banquillo de los acusados junto a otras diez personas vinculadas a esta trama.

En el escrito de acusación que se ha dado a conocer este jueves sobre el 'proyecto Arteria', el fiscal hace un recorrido en la trayectoria de Eduardo Bautista al frente de la SGAE para subrayar que ha ostentado el «máximo poder de decisión de ejecución» en el seno de la entidad.

Hasta tal punto, señala, que los distintos órganos de la estructura organizativa han estado supeditados a sus designios, sin un contrapeso efectivo», pues los mecanismos de control «sufrieron una progresiva degradación, cuando no eliminación, en paralelo a la acumulación de poder».

Según explica, Bautista llevó a cabo un proyecto que inició en 1999 para dotar a la Fundación Autor y a la SGAE de una red de «espacios singulares» para que el público conociera a la sociedad de autores como una «entidad cultural e importante». Para ello creó Iberautor Promociones Culturales, que diez años después cambió su denominación social a Arteria Promociones Culturales.

El 'proyecto Arteria' fue un paso más en la compleja estructura societaria que Teddy Bautista promovió desde su presidencia en la SGAE. «No suponía más que una extensión de sus enormes prerrogativas» en cada una de las entidades que conformaban el llamado 'Grupo SGAE' y «evitó la creación de una auténtica estructura directiva ordenada y funcionalmente responsabilizada», dice Anticorrupción.

Así, desde esta mercantil se realizaron inversiones por encima de los 259 millones de euros dentro y fuera de España, especialmente en la compra de teatros, como el Lope de Vega y el Coliseum de Madrid. La adquisición de los teatros madrileños se denominó 'Operación Gran Vía', que supuso el desembolso de un tercio de la inversión total, indica Anticorrupción.

El acusado se sirvió de su posición preeminente en la entidad para presentar esta operación multimillonaria, por la que se habría pagado un «sobreprecio» que ascendió a más de 80 millones de euros, como una oportunidad de negocio mediante «una progresiva escalada de tergiversaciones de la realidad», recalca el escrito.

«En realidad respondió a una decisión de su exclusiva voluntad, gestada y acordada a espaldas de los órganos correspondientes, con déficit absoluto de estudios solventes y objetivos, y, en fin, contraria a los intereses de la entidad que representaba y dirigía, más allá del carácter 'visionario' de la misma que el propio acusado reconoció que concurría en ella», destaca la Fiscalía.

El escrito apunta que Bautista justificó ante la SGAE esta operación de adquisición, que llegó a calificarla como un asunto de «dimensión cósmica», argumentando que Arteria tenía que tener una presencia cultural en Madrid y que se pretendía levantar el «Broadway madrileño, concretamente desde Callao hasta Plaza de España.

Asimismo, narró una supuesta reunión con el Ayuntamiento de Madrid en la que supuestamente se habían expuesto unos planes para paliar las consecuencias de que no se concedieran la celebración de los Juegos Olímpicos en la capital y que consistiría en un proyecto cultural de gran envergadura que comprendería dos ejes: uno de norte a sur (desde los más emblemáticos museos hasta enlazar con la estación de Chamartín) y otro de este a oeste (desde barrio Salamanca-Retiro hasta Plaza de España).

Por todo ello, Anticorrupción considera que esto «desembocó, como ya sucedía en el resto de la organización, en una concentración y falta de rigor de las decisiones meramente personalistas que acometió y que le eran sometidas a su criterio de forma asistemática por quienes por él fueron situados en diversos órganos y comités con supuesta participación en el proyecto».