Autores y consumidores de productos culturales rechazan la ley Wert sobre la propiedad intelectual. | Miguel Ángel Antich

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El anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 22 de marzo, está levantado ampollas, ha alertado a los autores y a quienes gestionan sus obras, y a los consumidores. La postura es unánime, rechazo total. Las quejas han llegado hasta Bruselas «porque incumple la normativa europea y se anticipa a la directiva que va emitir la Unión Europa y que prevé armonizar el concepto de copia privada», comentó Julia Altares, portavoz de la SGAE.

Son tres las modificaciones más destacadas y controvertidas propuestas por el Ministerio de Educació y Cultura que preside José Ignacio Wert: Mayor control de las entidades de gestión, revisión del concepto de copia privada y refuerzo en la lucha contra la piratería.

Las críticas mas duras se centran en la nueva versión de la copia privada que «beneficia a las multinacionales tecnológicas, que no pagan impuestos en España ni generan empleo». El canon ha desaparecido: «Se exonera a los fabricantes de estos productos del pago de los derechos de autor y ahora se cargará a los presupuestos del Estado». «Son cinco millones de euros, que ahora pagamos todos. Ese dinero se lo pueden ahorrar y dedicarlo a sanidad, porque a repartir es una miseria. El problema seguirá sobre la mesa», opinó Miquel Àngel Sancho, de la discográfica Blau y miembro de la Unión Fonográfica Independiente. Sancho cree que el problema se atajaría «si las operadoras telefónicas evitan que te descargues contenidos no autorizados, pero los lobbies marcan el camino a los políticos».

La mayoría de los afectados por la reforma han presentado alegaciones ante el Ministerio de Wert. La SGAE, cerca de 200 folios, y también la Asociación de Editores de Diarios Españoles. Irene Lanzaco, su portavoz, detalla que debe existir «una regulación de uso de contenidos por parte de terceros». Agregadores y buscadores están haciendo uso de los contenidos, textos y fotografías y «debe existir, además, una justa compensación».

Las entidades sostienen que la ley afecta también al consumidor final: «La industria cultural se va al garete», concluyen. «Esta ley es inviable y recurriremos donde sea», afirman desde la SGAE.