Estos asuntos se recogen en un protocolo marco de la Mesa General de Negociación, suscrito este jueves en un acto en el que han intervenido el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón; la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, y los representantes sindicales Rafael Cantó (CSIF), María Teresa Montaner (UGT PV) y Pilar de la Vera (CCOO PV). Desde estas organizaciones han advertido que el acuerdo no es un «cheque en blanco» y que vigilarán su cumplimiento.
El 'president' ha resaltado el trabajo realizado por las tres organizaciones sindicales y las diferentes administraciones para lograr un acuerdo que «no ha sido fácil» y ha explicado que el resultado es «un calendario completo para la legislatura completa, para la administración completa, con tiempos concretos y compromisos ciertos» para la negociación en diferentes mesas sectoriales.
Además, ha indicado que se han acordado «políticas de evaluación» sobre las negociaciones estableciendo una «relación de corresponsabilidad entre todos», tanto los sindicatos como la administración. Habrá una comisión de seguimiento del acuerdo que se reunirá cada seis meses para analizar los avances logrados en las diferentes mesas sectoriales.
El jefe del Consell ha explicado que este documento ofrece un «marco cierto, medido en el tiempo, tasado y compartido por todos», en el que se dialogará «con certeza y seguridad» de la estabilidad de los servidores públicos, de reducir la temporalidad, la brecha salarial, la «violencia laboral», revisar los protocolos de teletrabajo y abordar la jornada de 35 horas. Estos dos últimos ámbitos estarán condicionados a la disponibilidad presupuestaria y a que no afecte a la correcta prestación de los servicios públicos.
Preguntado por la viabilidad de esta última para el personal sanitario, Mazón ha señalado que no quiere «predisponer» la negociación «antes de empezar» a trabajar en un consenso. Ha reconocido que «el reto no es menor» y que «hay mucha gente que sabe de esto» y se trabajará en ello con «la mejor voluntad» y «sentido común».
8% de temporalidad
La Generalitat y los sindicatos se comprometen al objetivo de que la temporalidad quede por debajo del 8% a final de legislatura, a través de las Ofertas de Empleo Público, y han acordado pedir al Gobierno central la eliminación de la tasa de reposición.
Asimismo, ambas partes se comprometen a desarrollar un Plan Estratégico de Recursos Humanos en todos los sectores (incluidos Sanidad, Educación o Justicia) como diagnóstico para mejorar la cultura organizativa y adecuar los procesos de selección.
Objetivos para los funcionarios
El documento recoge por primera vez la negociación de una evaluación del desempeño para mejorar la eficiencia, orientando el trabajo de los funcionarios a objetivos estratégicos y con la evaluación de los mismos. Se incluyen aspectos como el análisis de las ausencias en la jornada laboral y complementos no consolidables que variarán cada año en función del rendimiento.
Se revisarán los planes de igualdad para adaptarlos a la normativa vigente, se realizarán cursos de formación sobre igualdad y violencia sobre la mujer y el derecho a la movilidad de las víctimas de violencia de género se amplía también a aquellas mujeres que tengan a su cargo mujeres que sufran este tipo de violencia.
El texto recoge la necesidad de reactivar las Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas de la Comunitat Valenciana, la Mesa General de Negociación de Administración Local y la Mesa General de Negociación de las Universidades Públicas. Se le otorga peso a la formación continua y permanente de los empleados públicos.
"mensaje contra la estigmatización"
El presidente de la Generalitat ha lanzado «un mensaje contra la estigmatización del funcionariado», que en su opinión «muchas veces» es «injusta» tras el ejemplo dado durante la pandemia y el «gran esfuerzo» que realizan para ofrecer servicios públicos a pesar de la «la alta tasa de temporalidad» y «la falta de estabilidad». «Estamos hablando de vocación de servicio», ha reconocido.
Asimismo, Mazón ha subrayado que el acuerdo «trata de la mejora sustancial del servicio público» que se presta a la ciudadanía con la vocación de que sea «el mejor posible». Además, ha agradecido las advertencias de las organizaciones sindicales sobre que este pacto «no es un cheque en blanco», «por la misma razón que los ciudadanos no nos dan un cheque en blanco, esperan lo mejor de nosotros».
"estaremos velando por que el acuerdo se cumpla"
Por parte de CSIF, Rafael Cantó ha agradecido al presidente de la Generalitat el «ambiente de diálogo» que ha permitido «un acuerdo de consenso» en el que se han recogido muchas de las reivindicaciones de CSIF, al tiempo que ha avisado estará en la comisión de seguimiento «velando por que el acuerdo se cumpla».
María Teresa Montaner (UGT) ha subrayado la importancia de «disponer de un instrumento que permitiera marcar la agenda sindical durante los próximos años» y ha asegurado que desde el sindicato «estarán vigilantes para que los plazos de cumplan» porque la firma «no es un cheque en blanco».
Desde CCOO PV, Pilar de la Vera ha subrayado que «la dignidad» en las consiciones laorales de los profesionales será «lo que va a garantizar servicios públicos de calidad para la ciudadanía». Ha señalado que este es un «primer elemento» sobre el que se desarrollará un «trabajo arduo» en el que «seguramente tendremos acuerdos y desacuerdos», pero el «objetivo común» de ofrecer un mejor servicio y mejores condiciones para los profesionales.
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