En declaraciones a los periodistas desde una nueva promoción de viviendas públicas en Puente de Vallecas, ha pedido al órgano colegial de los abogados que no se sienta «amedrentado ni intimidado» por un Gobierno que «utiliza» al fiscal general, Álvaro García, y que "viola el secreto profesional con la intencionalidad política de destruir a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Así lo ha expresado después de que ayer el ICAM anunciara que va a interponer una denuncia administrativa y otra penal en relación a la presunta vulneración del secreto de las comunicaciones de un colegiado por la revelación de datos en la investigación relativa a la pareja de la presidenta.
«Es asombroso en términos democráticos y de respeto al Estado del Derecho que un fiscal general del Estado que asume la responsabilidad contra incluso el criterio del fiscal jefe de Madrid de violar el secreto de las comunicaciones entre abogados, siga en este momento en su cargo», ha censurado.
Considera que es «indignante» desde el punto de vista democrática y «una tropelía» en un Estado de Derecho. «Es obvio que hay una conducta antijurídica y dolosa que incurre en un tipo penal por parte del fiscal general del Estado, y la mejor prueba de ello es que la fiscal jefe de Madrid se negó a avalar lo que estaba haciendo el fiscal general del Estado», ha defendido.
Sobre las obras en la vivienda de la pareja de Ayuso, Almeida ha subrayado sus «diferencias» con el fiscal general y la Agencia Tributaria al asegurar que desde el Ayuntamiento no «filtran información, ni datos confidenciales, ni datos reservados» y considera que esto es «rizar el rizo».
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