Ha sido el concejal socialista Enrique Rico quien ha elevado a la comisión de Seguridad y Emergencias la «obligación que tiene el Ayuntamiento de actualizar las herramientas normativas para la prevención de incendios» dado que la «ordenanza obsoleta» y en vigor fue aprobada en 1993.
Después de criticar que la vicealcaldesa y titular del área, Inma Sanz, «lleva anunciando una nueva ordenanza desde 2020», el socialista ha reprochado «que no se haya hecho absolutamente nada», unido a que «el PP lleva anunciando una nueva normativa de prevención de incendios en esta ciudad 16 años pero siguen sin cumplirlo».
También ha apuntado que fue en el año 2006 cuando se aprobó el Código Técnico de Edificación, para modificarse posteriormente en varias ocasiones siguiendo las directrices de la Unión Europea, la última en 2019. ¿Qué han hecho ustedes durante todos estos años en materia de normativa de prevención de incendios? Nada«, excepto »comprometer una nueva ordenanza de forma reiterada pero sin cumplir".
Rico ha llevado a la comisión el siniestro del restaurante italiano de la plaza de Manuel de Becerra, que pone de manifiesto «la necesidad de la aprobación de una nueva ordenanza de prevención de incendios».
"primer paso" dado
El coordinador general de Seguridad y Emergencias, Jesús Gil, ha detallado que ya se ha dado «el primer paso» para iniciar la elaboración de una nueva ordenanza. «Está incluida entre las normas que vamos a revisar porque la ordenanza de 1993 ha sido una herramienta útil pero, en efecto, pero hay que actualizar» tras las distintas normativas que han ido apareciendo posteriormente, ha señalado.
Unido a que también han evolucionado los materiales, las técnicas, las tecnologías que se emplean tanto en la construcción como en las instalaciones de protección contra incendios, junto a nuevas capacidades desarrolladas en el Ayuntamiento. «Todo este escenario se ha tenido en cuenta a la hora de estimar que efectivamente es necesario actualizar esa ordenanza», ha indicado el coordinador.
Dos son los elementos en los que se centran. El primero es evitar los posibles conflictos con la normativa básica de aplicación que es posterior a la ordenanza y el segundo es hacerla «más útil, más efectiva, porque hay actividades o aspectos que no se incluyen en la normativa básica y que se quieren incluir en esta ordenanza».
Se busca «reforzar la seguridad jurídica, reducir las ambigüedades o dificultades de interpretación con respecto a otros textos normativos, establecer medidas de seguridad adicionales, eliminar el vacío existente en algunas actividades que son propias del municipio de Madrid y completar los mínimos que establece el Código Técnico de Edificación».
Además el Ayuntamiento ha constituido un grupo de trabajo, que lidera la Dirección General de Edificación, para analizar los riesgos de estos revestimientos de fachadas y mejorar las condiciones de resistencia al fuego.
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