Archivo - La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y la concejala Lucía Lois | DAVID ARENAL (MÁS MADRID) - Archivo

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Un 70 por ciento de los madrileños dedica más del 30 por ciento de su renta a pagar la vivienda, incluso en algunos distritos escala hasta el 40 y el 50 por ciento en una ciudad «prácticamente toda tensionada», con 16 distritos en esta situación y los cinco restantes al borde de estarlo, unido a que esta «crisis social» no es sólo cosa de jóvenes o de jóvenes que viven en el centro sino que afecta a toda la ciudadanía.

Estas son algunas de las conclusiones que ha destacado la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, tras presentar el informe elaborado por la formación política, 'Madrid, ciudad tensionada. Diagnóstico sobre la situación de la vivienda en Madrid', analizando para ello miles de datos disponibles de las administraciones públicas madrileñas.

«Durante un tiempo se nos ha querido hacer pensar que el problema de la vivienda en Madrid era algo o de jóvenes que tienen problemas para pagar el alquiler o de jóvenes que viven en el centro. Eso hoy es falso porque en Madrid es un problema que afecta al conjunto de la ciudad, que desde luego sale por fuera de la M-30, que afecta a la gran mayoría de los distritos madrileños y que no se soluciona con esa falsa promesa de oferta en el futuro», ha señalado Maestre, acompañada por la concejala Lucía Lois.

Más Madrid ha insistido en que ante estos datos el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, «no puede seguir pretendiendo que las cosas se van a arreglar solas». Tampoco caen en la simplicidad de creer «que una sola medida va a arreglar un problema complejo» pero sí se podría empezar por limitar los precios de los alquileres, al tiempo que se construye vivienda pública «de verdad».

Reforma de la ley para saltarse el "bloqueo de ayuso"

«Es imperativo, es urgente y no vamos a parar hasta conseguir bajar el precio del alquiler en Madrid», ha identificado. Por eso Más Madrid y Sumar van a presentar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para reformar la Ley de Vivienda «para que sean los municipios los que puedan pedirle directamente al Gobierno ser declarados zonas tensionadas saltando así ese bloqueo de Isabel Díaz Ayuso», ha adelantado Rita Maestre.

La jefa de la oposición ha acusado a la presidenta regional de tener «mucha manga ancha para los negocios de su pareja y de sus novios y, sin embargo, muchas dificultades para actuar en beneficio de la mayoría madrileña». Con esa reforma legislativa, también el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se sentirá «mucho más presionado a abordar un problema que evidentemente tiene en Madrid capital su epicentro», ha señalado.

Otro de los puntos que va a pelear Más Madrid pasa por la construcción de vivienda pública, para que «no sea esa miseria que Almeida ha decidido garantizar durante estos años al frente de la EMVS». Así ha recordado que durante la legislatura pasada Almeida comenzó un total de 2.000 viviendas públicas a través de EMVS Madrid.

Vivienda pública para los colectivos vulnerables y no sólo

«Tendríamos que volver a los años 80 y 90, en los que en Madrid la iniciativa pública construía miles de viviendas en cada legislatura, en Valdebernardo, en Orcasitas, San Blas, en Palomeras, en Manoteras. Todos esos barrios nacieron única y exclusivamente gracias a la iniciativa pública, a grandísimas expropiaciones de terreno y a grandísimas inversiones de dinero público del Estado y también del resto de las administraciones», ha indicado.

Más Madrid pone el acento en que «hay que construir vivienda pública no sólo para los colectivos más vulnerables de la ciudad, que es como piensa ahora mismo el Gobierno del PP, que entiende la EMVS como una pequeña fábrica de viviendas de precio muy asequible para personas muy vulnerables». Esto «tiene además un efecto muy importante en la construcción de guetos dentro de los barrios», ha apostillado Maestre.

La de vivienda tiene que ser una política transversal, «como en Viena, en Ámsterdam o en Berlín, donde el parque público está por encima del 30 por ciento», esto es, «que la vivienda pública no es algo para el colectivo más vulnerable de la ciudad, es una vivienda para jóvenes, familias, trabajadores, personas de clase media o baja que tienen un salario y una renta y que gracias a la iniciativa pública además pueden pagarse una vivienda».

Los pisos turísticos tampoco han escapado del enfoque de Más Madrid. «Vamos a pelear en todos los frentes posibles para que esas 24.000 viviendas ilegales turísticas que funcionan en Madrid se cierren y vuelvan a ser lo que tendrían que ser, viviendas». «Hay una relación directa entre el uso turístico de las viviendas y la subida de los precios en todo Madrid, no sólo en el centro», ha relacionado Maestre.

Fiarlo a las leyes de la oferta y la demanda no es la solución

«Hoy en Madrid el 99 por ciento de los pisos turísticos que operan en nuestra ciudad a cielo abierto son ilegales. La mayor parte de las familias dedican más del 30 por ciento de su renta disponible para pagar una vivienda. Hoy en Madrid la tasa de emancipación de los jóvenes es más alta que nunca porque el problema de vivienda no es un problema económico sino social y al que no se responde dejando que unas supuestas leyes de la oferta y la demanda funcionen solas, porque no funcionan», ha apuntado Maestre.

A lo que ha sumado que «la única respuesta del PP y del bloque inmobiliario en la ciudad a este problema de crisis de vivienda es pretender que la construcción dentro de diez, quince o veinte años de decenas de miles de viviendas vaya a resolver el problema».

Más Madrid ha puesto el acento en la estallada burbuja inmobiliaria. «Durante la primera década de los 2000 en Madrid se construyeron 150.000 casas nuevas. El precio de la vivienda subió durante ese mismo periodo un 224 por ciento, es decir, construir más casas no asegura ni garantiza que el precio baje, al contrario, recalienta el mercado y hace que los precios aumenten. Así que hay que hacer exactamente lo contrario», han recetado.

En Más Madrid se han comprometido a «trabajar para que la vivienda en la ciudad sea un problema político para los que gobiernan y no sólo un problema social para los que lo sufren». La presentación del informe es el arranque de una batería de medidas de todo tipo para «conseguir sencillamente que Madrid se pueda vivir sin tener que ser ni hermano ni novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid».