Asimismo, Nolasco ha confirmado en rueda de prensa que compensarán a estos empleados públicos con cuatro días extra de asuntos propios las horas no disfrutadas durante el verano de 2023.
En palabras del vicepresidente, «lejos de ser una cuestión de números y horario», esta medida tiene un gran trasfondo político ya que es la consecuencia de las «malas artes» y «mal perder» del PSOE cuando pierde las elecciones.
Así, ha explicado que los socialistas entran en una «espiran destructiva» tras perder las elecciones del 28 de mayo de 2023, por lo que deciden poner las «máximas trabas» a la siguiente administración eliminando, a través de una nota informativa y sólo un día antes de su entrada en vigor --el 30 de junio--, esta reducción de jornada en la época estival.
Acusaciones al anterior gobierno
En este sentido, Nolasco ha acusado al PSOE de utilizar las instituciones como «un mero instrumento para utilizarlo como ariete», aunque suponga perjudicar a los trabajadores, como en este caso.
La decisión del anterior Ejecutivo, por tanto, es una «pataleta» por haber perdido las elecciones y responde a una actitud «ruin» e «infantil», ha asegurado, además de ser una decisión «muy grave» y «premeditada» porque sabían que el futuro Gobierno se enfrentaría a un contencioso-administrativo y que «muy probablemente» sería condenado en los tribunales.
A ello ha sumado que el expresidente Javier Lambán no solicitara en tiempo y forma el juzgado número 23 de Zaragoza, que entrará en funcionamiento gracias a la «celeridad» y la «eficacia» de la actual directora general de Justicia, Esmeralda Pastor.
Por último, el consejero ha reivindicado que su departamento ha hecho algo que «nunca se había hecho en los ocho años anteriores», que es recorrer todos los juzgados para «ir quitando grasa y agilizando el servicio de la justicia para que llegue en las mejores condiciones a todos los aragoneses».
La directora general de Justicia, Esmeralda Pastor, ha remarcado que los funcionarios venían disfrutando de esta jornada de verano «desde el siglo pasado».
Del mismo modo, ha explicado que los empleados públicos interpusieron un contencioso-administrativo, admitido a trámite por el juzgado número 2 de Zaragoza, con lo que, como «obviamente» iban a perder, el Gobierno de Aragón ha optado por usar la figura jurídica de la «satisfacción extraprocesal» y cerrar el procedimiento volviendo a la situación anterior.
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