Un centenar de personas, en su mayoría trabajadores de la industria del metal, se han concentrado este martes por la mañana a las puertas del Juzgado de lo Penal de Cádiz para apoyar a los siete manifestantes que participaron en los disturbios producidos en noviembre de 2021 durante la huelga del metal y para los que se pide tres años de cárcel, dos años por desorden publico y uno por atentado a la autoridad para cada uno de ellos.
«No puede atacar con el código penal a trabajadores por salir a defender nuestros derechos», ha lamentado en declaraciones a Europa Press, Jesús Galván, portavoz de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM), quien ha puesto el foco en el hecho de que estos manifestantes se vean «en la dramática situación de entrar en prisión» por salir a las calles «a defender nuestros derechos y el futuro de nuestra tierra».
«Es muy agravante», ha mantenido, preguntándose el tipo de justicia de la que se habla, y si hay «una justicia para los empresarios» con «unas leyes» y una justicia hacia el trabajador que va «de otras».
Los siete trabajadores se enfrentan a un juicio por la vía de lo penal por su presunta participación en los disturbios que se produjeron el 22 y 24 de noviembre de 2021 en la barriada del Río San Pedro, en Puerto Real, y es por eso por lo que la CTM ha convocado esta concentración en respuesta «al ataque brutal por parte del Gobierno que se le está haciendo a la clase trabajadora» y para «explicarle» la situación a la ciudadanía.
«No necesitamos represión, esta tierra necesita planes industriales, medios para la inspección de trabajo, que se cumplan los convenios y una vida digna», ha afirmado.
A esta convocatoria también ha acudido una representación de trabajadores de la planta de Acerinox en Los Barrios, en huelga desde hace 37 días. El portavoz del comité de huelga, José Antonio Gómez Valencia, ha considerado «injusto» que se trate a los trabajadores como si fueran «delincuentes» cuando, como ha expuesto, «lo que estamos defendiendo son nuestros puestos de trabajo y nuestros derechos».
«Venimos a darles nuestro apoyo porque nosotros estamos viviendo ahora mismo lo que ellos vivieron hace tres años», ha afirmado en palabras a Europa Press, señalando que de la huelga que están desarrollando desde primeros de febrero tienen a un compañero «detenido por un corte de carretera» en la A-7 y que ha sido condenado «a un año de cárcel», mientras que «otros cuatro compañeros están con una investigación abierta como imputados por los cortes de carretera también y al final nos vamos a ver en la misma situación que ellos».
David de la Cruz, portavoz de Adelante Izquierda Gaditana en la ciudad de Cádiz, también se ha desplazado hasta los juzgados para dar su apoyo a los trabajadores enjuiciados. Allí ha lamentado «el clima de opresión y represión» que se produce «siempre contra la clase trabajadora», recordando que en España se han desarrollado otras manifestaciónes «de la extrema derecha» contra «ministras socialistas y sedes de un partido político» y «no ha pasado absolutamente nada».
«Sin embargo --ha aseverado-- estamos viendo como trabajadores que se manifiestan y defienden sus derechos laborales son llevados ante los juzgados en un caso claro de meter miedo y de evitar este tipo de protestas» en las que se pidió «unas condiciones dignas laborales y un futuro para la Bahía de Cádiz», un lugar, ha dicho De la Cruz, «que está sufriendo la precariedad laboral y que necesita manifestarse y que necesita condiciones dignas de empleo y de futuro».
Los procesados, que podrían entrar en prisión de confirmarse la pena que pide la Fiscalía, participaron presuntamente en los disturbios producidos los días 22 y 24 de noviembre de 2021, cuando se colocaron barricadas para cortar el tráfico en la barriada del Río San Pedro y alrededores y lanzaron botellas, piedras y otros elementos peligrosos a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado desplegados en la zona.
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