La Junta defiende que "está cumpliendo rigurosamente" sus compromisos del acuerdo con el Gobierno por Doñana

Así lo ha sostenido el consejero en una comparecencia en el Pleno del Parlamento de Andalucía para informar sobre las ayudas contempladas en dicho acuerdo, y donde ha expuesto las actuaciones puestas en marcha en el marco de este protocolo, entre las que ha reseñado la adquisición de la finca 'Veta la Palma', la movilización de seis millones para obras de restauración ambiental y de mejora en el sistema de uso público del Parque Nacional, o la creación de un comisionado técnico en el que «se escuchará y atenderá a todos los actores implicados en el acuerdo».

Asimismo, el consejero ha remarcado que «el pacto por Doñana tiene que garantizar soluciones a las familias afectadas por el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal», aprobado en 2014.

Según establece el acuerdo por Doñana, para acogerse a las ayudas de renaturalización de superficies dedicadas a la producción agraria, los agricultores deberán acreditar las referencias del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac) y las labores que realizarán para su reversión a uso forestal. Estas labores deberán realizarse durante el primer año de concesión y antes de realizar el primer pago.

Además, el beneficiario podrá solicitar un anticipo, en los términos de la normativa vigente, para poder llevar a cabo los trabajos de renaturalización. Las ayudas se concederán en el marco de una convocatoria única, en la que los solicitantes deberán acreditar la titularidad de las explotaciones --en condición de propietarios, arrendatarios o concesionarios-- junto con toda la documentación requerida.

Por otro lado, el consejero ha recordado las inversiones comprometidas en el acuerdo por Doñana en el marco de las competencias de la Consejería de Sostenibilidad para el desarrollo territorial del área de influencia del espacio natural, entre las que ha destacado la adquisición de 7.500 hectáreas de alto valor ecológico de 'Veta La Palma' por 72 millones de euros con el objetivo de «preservar los valores ambientales y hacer más resiliente al Espacio Natural frente a los efectos del cambio climático».

Fernández-Pacheco ha detallado también las actuaciones que, por valor de seis millones con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se destinan a obras de restauración ambiental y de mejora en el sistema de uso público de Doñana, las cuales están en fase de redacción.

En concreto, se han movilizado 3,7 millones de euros para obras de restauración ambiental, mejora de hábitats, recuperación de humedales y eliminación de especies exóticas en fincas del Parque Nacional de titularidad pública --Los Sotos, Algaida, Mogea y Rocina--, y otras privadas en las que se actuará mediante convenios, cuyo objetivo es «generar una mayor diversidad de hábitats y estructuras de vegetación, la ampliación de recursos forestales para lograr una mayor eficacia en la prevención de grandes incendios, la obtención de sistemas naturales más resilientes al cambio climático y potenciar la funcionalidad de las lagunas temporales y la red de microdrenaje».

Además, se acometerán obras para mejorar el sistema de uso público de Doñana, por valor de más de 2,1 millones de euros, y en las que se contempla la redacción de proyectos y dirección facultativa de obras de uso público en el Parque Nacional Doñana, por valor de más de 366.000 euros.

Psoe-a no se cree el "discurso de buenismo renovado" de la junta

En el turno de intervenciones de los grupos, el parlamentario del PSOE-A Manuel Enrique Gaviño ha criticado el «nuevo giro» que protagonizó la Junta con el cuarto decreto de simplificación en relación a la modificación planteada en la Ley Forestal andaluza «cuando creíamos que ya habían reconducido su actitud» y que volvió a «elevar la tensión» con el Gobierno en relación a Doñana, y ha afeado al Ejecutivo andaluz que, «en vez de asumir el error, nos culparon de alarmismo, de dinamitar el acuerdo, y mintieron diciendo que era una transposición de la normativa nacional».

Tras ello, el diputado del PSOE-A ha advertido de que «no cuela» el «discurso de buenismo renovado» con el que, en su opinión, se presenta ahora la Junta, y ha avisado de que los socialistas van a «estar muy pendientes de que velen por este acuerdo y lo cumplan bien», así como ha deseado que el PP «dedique ahora más tiempo a contarle la verdad a los agricultores que a confrontar contra el PSOE y el Gobierno de España».

El diputado de Vox Rafael Segovia ha sostenido que el acuerdo por Doñana «tenía como objetivo fundamental que el PP pusiera fin a la proposición de ley» que había presentado junto con su grupo para la regularización de regadíos en la comarca del Condado de Huelva, y a cambio «había que ofrecer una ayuda a aquellos que se hubieran beneficiado» de dicha iniciativa que se retiraba; «es decir, a los agricultores de la Corona Norte y a los cinco municipios perjudicados por la retirada» de la proposición de ley.

Al respecto, el representante de Vox ha advertido de que recientemente la ministra Teresa Ribera «ha reafirmado que sólo podrán recibir ayudas quienes estén en condiciones de absoluta legalidad con el agua y con la actividad económica o con las obligaciones sociales que correspondan», y ha concluido que el acuerdo entre la Junta y el Gobierno por Doñana, «lejos de conseguir la reparación de los agricultores, los devuelve a la situación de ilegales, y lejos de suponer un verdadero motor de empleo y desarrollo socioeconómico para la Corona Norte, va a arrastrarla a la miseria».

La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha defendido que el acuerdo por Doñana fue recibido con «un gran alivio» porque «puso fin a una etapa muy desagradable que provocaron» desde el Gobierno andaluz, pero ha advertido de «decisiones» de la Junta que «impactan» en la zona del parque nacional y que «probablemente hagan inviables los acuerdos» entre los ejecutivos central y andaluz.

Tras ello, Nieto ha manifestado que «para que garanticemos el turismo, la agricultura, la conservación de nuestros espacios naturales, tenemos que hacer una planificación del crecimiento de nuestros sectores productivos que se acompase con la capacidad hídrica que tiene el entorno en el que impactan», y al respecto ha acusado al Gobierno andaluz de estar realizando «una suerte de cuento de la lechera diciéndole a todo el mundo lo que quiere oír, cuando para todo el mundo no puede haber satisfacción a su demanda porque nos falta lo principal, que es el agua», según ha remarcado.

Pp-a: "parece que algunos quieren dinamitar un acuerdo histórico"

Finalmente, el diputado del PP-A Manuel Andrés González ha defendido que «hay que ejecutar» el acuerdo por Doñana que, según ha reivindicado, ha sido posible gracias a la «mano tendida y voluntad de llegar a acuerdos» del presidente de la Junta y a la «altura de miras de los agricultores».

El parlamentario 'popular' ha remarcado que fue «un acuerdo histórico» que «parece que algunos están deseando que salte por los aires y no se lleve a efecto», y al respecto ha puesto de relieve que, «hasta la fecha, el único que ha avanzado con lo acordado ha sido el Gobierno andaluz», mientras que, según ha sostenido, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, «piensa que cuanto peor le vaya a la provincia de Huelva y a nuestros agricultores, mejor le puede ir a él».