Aragón critica su exclusión del grupo de trabajo para el desarrollo de Ley de Ordenación del Sistema Universitario

Esta comisión, en la que Aragón había pedido oficialmente participar junto al resto de todas las comunidades autónomas, celebra este viernes su primera reunión en Madrid para recalendarizar la implementación de la norma y abordar su financiación, que implica unos costes adicionales por curso de 4,7 millones de euros en el caso de la Universidad de Zaragoza y más de 844 para el conjunto del sistema universitario español.

«Desde el Gobierno de Aragón queremos mostrar nuestra disconformidad a la decisión tomada por la ministra Diana Morant al prohibirnos asistir al grupo de trabajo. En la Conferencia Sectorial del pasado día 25 de enero, hice constar en acta que aceptábamos la comisión, siempre y cuando participásemos todas las comunidades autónomas que quisiéramos, sin divisiones y respetando la igualdad de todos los españoles», ha lamentado la consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Ejecutivo autonómico, Claudia Pérez Forniés.

En esa comisión, tampoco estará presente la Universidad de Zaragoza, en lo que la consejera ha tildado de «atropello para los aragoneses».

Los elegidos

Pese a la petición oficial en la Conferencia Sectorial y a un segundo requerimiento en el mismo sentido, una vez comunicada esta semana la composición de la misma, el Gobierno central ha mantenido la expulsión de los representantes aragoneses en la mesa.

Estará integrada por tres miembros del Ministerio; seis responsables en materia de Universidad de las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Andalucía, Valencia, Madrid, Extremadura y Baleares-; cinco rectores --Universidad de Alicante, Murcia, Castilla-La Mancha, Barcelona y Cantabria--, así como por seis representantes de los sindicatos mayoritarios -UGT, CCOO y CSIF-.

Por ello, la responsable autonómica ha reclamado de nuevo a la ministra que rectifique y permita la participación de los representantes aragoneses en la mesa, cuya labor será «muy relevante» para que la LOSU pueda aplicarse en las mejores condiciones.

Ha lamentado que el Gobierno central «vuelva a desoír a las Comunidades y a buena parte de los rectores, como ya hizo en la elaboración de la norma».