Archivo - Edificio afectado donde ha ocurrido una explosión. | Carlos Luján - Europa Press - Archivo

TW
0

El juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcorcón interrogará este jueves en calidad de investigados a tres funcionarios del Ayuntamiento de Alcorcón en relación a la muerte de dos niños como consecuencia de una explosión que se produjo el 7 de octubre de 2022 en un edificio en obras de Alcorcón, han informado fuentes jurídicas.

Entre las víctimas había un bebé de nueve meses y su hermano de cinco años que falleció por inhalación de humo. La deflagración se debió a una chispa de una generadora que prendió un material aislante de unas obras que se realizaban en un restaurante.

En la causa penal se investiga a un total a nueve personas. Este jueves, según consta en la citación, comparecerán el arquitecto municipal, el ingeniero municipal, el jefe de Sección de Disciplina y Control y un trabajador de la promotora por dos delitos de homicidio imprudente, otro de lesiones graves e imprudentes, daños y prevaricación urbanística.

El juez Agustín Carretero, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcorcón, sospecha que la falta en el momento de construirse el edificio de la debida sectorización contra incendios pudo agravar el resultado del siniestro.

Hace ya un año, el juez interrogó en el marco de las diligencias como investigados a cuatro obreros y al coordinador de seguridad de la obra por un presunto delito de homicidio, lesiones imprudentes y daños.

Estos imputados se habrían parapeteado en un informe pericial, ratificado por el máximo responsable de los bomberos de este municipio, que exponía las deficiencias antiincendios del edificio al carecer de medidas contra el fuego en los falsos techos, incumpliendo la normativa.

A los responsables de las obras se les imputa además la presunta comisión de un delito conexo urbanístico y ordenación del territorio por vulneración de las directrices del Código Técnico de la Edificación. Mientras que a los funcionarios se les añade un delito de prevaricación urbanística.

El pasado julio, los arquitectos del edificio defendieron durante su comparecencia judicial que se cumplió con la normativa fijada en el código técnico de la edificación del inmueble.