Ararteko dice que la administración debe ofrecer la cita previa como una alternativa voluntaria, sin imponerse

Previamente a la ejecución y desarrollo de proyectos tecnológicos de transformación y organización interna, el Defensor del Pueblo vasco afirma que la administración debe identificar el posible impacto que dichos proyectos tendrán en los derechos de la ciudadanía y ello con objeto de evitar discriminaciones y facilitar el acceso igualitario a unos servicios públicos «de calidad, sin crear barreras e impedimentos».

Según ha informado la oficina del Ararteko, la transformación tecnológica de sistemas informáticos de la administración y la organización de recursos humanos o ausencia de personal «no puede conllevar una falta de atención presencial o incluso trato inadecuado» a aquellos ciudadanos que desean ejercer sus derechos o cumplir sus obligaciones.

«Los servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía a través de medios electrónicos deben ser accesibles, intuitivos, efectivos, eficientes y no discriminatorios. Además, deben acompañarse de canales de orientación y atención ciudadana que faciliten su uso a fin de no crear barreras digitales para la población», añade.

Quejas en el registro civil

El Ararteko admitió a trámite dos quejas en las cuales se denunciaban problemas relacionados con el Registro Civil de Bilbao. Una se refería a la inexistencia de citas para realizar un trámite relacionado con la nacionalidad de un menor de dos años y la otra a los problemas para poder solicitar cita presencial en la página web www.justizia.eus, en el plazo requerido por el Ministerio de Justicia para realizar el trámite de juramento de la nacionalidad, así como el trato «inadecuado» recibido por personal del Registro Civil de Bilbao.

El Defensor el pueblo vasco solicitó la colaboración del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, que le explicó las causas del problema y describió las medidas planificadas por el Departamento para solucionarlo, tanto a corto como a medio plazo.

En consecuencia, el Ararteko emitió dos resoluciones dirigidas a la administración trasladándole, por un lado, la necesidad de ofrecer disculpas a la persona reclamante por el trato «inadecuado» dispensado por el personal de la oficina del Registro y, por otro, en virtud del interés superior del menor, la necesidad de atender de forma inmediata la tramitación de la nacionalidad del niño, con objeto de facilitar el reconocimiento de la unidad familiar y el acceso a ayudas y servicios públicos, evitando así situaciones de «posible vulnerabilidad».

En las citadas resoluciones, el Ararteko mostró su «satisfacción» por las medidas descritas y planeadas por el Departamento, si bien señaló que realizaría un seguimiento, dada su progresiva implantación.