Operadores de transporte escolar recurren la orden de Gobierno Vasco para la ejecución forzosa del servicio

Según han explicado en un comunicado estas asociaciones, «un número importante de asociados afectados, en su gran mayoría pequeñas y medianas empresas familiares vascas, se han visto obligados a recurrir» la orden publicada el pasado martes en el Boletín Oficial del País Vasco.

Los operadores consideran que la Orden del Gobierno vasco para la prestación forzosa del servicio de transporte escolar «no se ajusta a Derecho» y han asegurado que «la ausencia de tiempo material suficiente» desde su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco el pasado día 5 para «organizar y disponer adecuadamente» los recursos necesarios «imposibilita la prestación del servicio».

Las empresas afectadas, han trasladado desde las asociaciones, no pueden «comprender por qué, después del compromiso personal adquirido por el consejero de Educación hace más de un año para solucionar el problema derivado de las condiciones de licitación -que comprometen gravemente la rentabilidad y viabilidad empresarial de los operadores y explican el gran número de licitaciones que han quedado desiertas-, éste no haya querido reunirse con el sector» a pesar de «los reiterados llamamientos» realizados en ese sentido por los operadores durante los últimos meses.

"injustas"

De la misma manera, las empresas del sector consideran «injustas y para nada merecidas las graves acusaciones vertidas» por el consejero Jokin Bildarratz el pasado viernes, de manera previa a la publicación de la orden recurrida, «máxime cuando el propio Gobierno vasco, a los pocos meses de alcanzar el acuerdo que posibilitó la continuidad del servicio durante el curso 2022/2023, reprochó que los operadores pretendieron con el mismo perpetuar su situación y evitar una licitación».

En cualquier caso y «sin perjuicio de los recursos interpuestos» contra la Orden de la Consejería de Educación, los operadores continúan «manteniendo su disposición a que se resuelva la situación de una manera que les permita competir por el servicio de transporte escolar en unas condiciones mínimas de rentabilidad y seguridad jurídica», que, según subrayan, «no se dieron ni en las últimas licitaciones convocadas en 2023 que quedaron, como también sucede en otros sectores, desiertas mayoritariamente el pasado mes de julio, ni tampoco en las que fueron anuladas por el OARC en 2021 y 2022».