En una nota de prensa, la Diputación ha informado de que el acuerdo recoge un «decálogo de acciones» en el que se presta especial atención a la defensa de la autonomía local, con la «exigencia de una financiación justa» que «garantice la suficiencia financiera de las haciendas locales» y la articulación de una «intermunicipalidad racional y sostenible».
Asimismo, se apuesta por la protección a la clase media y trabajadora «con la calidad de vida de los pueblos de la provincia como prioridad» y la generación de economías locales que «funcionen», consolidando al municipio en su «papel decisivo» para propiciar «entornos favorables» a la actividad empresarial y en el desarrollo de «ecosistemas viables de economía social» para generar y fortalecer el empleo y convertir a los pueblos de la provincia en núcleos dinámicos de actividad e innovación.
Según se cita expresamente, ambas formaciones políticas «promoverán un municipalismo activo como eje vertebrador del territorio, impulsando inversiones transformadoras», de forma que los municipios de la provincia sean «protagonistas en cambiar la vida de las personas», por lo que «deben contar con los recursos necesarios para consolidar y mejorar la calidad de sus servicios» y «participar en las decisiones de inversión transformadoras de la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y de la Unión Europea».
La protección de la calidad de vida a las familias, los emprendedores y los colectivos más vulnerables se apunta como «uno de los principios que guiarán las políticas públicas de la Diputación», buscando «asegurar un acceso equitativo y de calidad a la atención primaria, ampliar los programas de educación para la salud, abordar nuevas realidades como la soledad y el aislamiento social, fomentando la igualdad de oportunidades, una educación pública de calidad y una economía diversificada, al servicio de las personas y respetuosas con el medio ambiente».
En el plano económico, el documento especifica el desarrollo de «planes para potenciar la economía social y el tejido empresarial de la provincia», con especial atención a los sectores que permiten su adaptación y la lucha contra los efectos del cambio climático, la riqueza agrícola de la provincia, el desarrollo turístico, la industria cultural y la economía circular, así como el abordaje del «reto de la disrupción digital, desde una mirada humanista, que nos permita asumir el liderazgo desde el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030».
El acuerdo programático del PSOE y Con Andalucía de la Diputación de Sevilla hace también «un guiño a la lucha por la igualdad y la equidad en la gestión de las políticas sociales», abogando por políticas contra la desigualdad y la exclusión social. En este sentido, se propone una 'Estrategia Provincial de Vivienda y Rehabilitación Eficiente', con la puesta en marcha de planes municipales de vivienda y suelo y un programa de repoblación Rural.
Ambas formaciones políticas expresan su intención de «realizar un esfuerzo colectivo y solidario de los territorios, realizando inversiones municipales comprometidas con el desafío del cambio climático», basando el modelo territorial en «la promoción de vínculos a través de territorios funcionales, que contribuyan a reducir las desigualdades y a potenciar el uso eficiente de los recursos que den respuesta solidaria a la movilidad entre municipios, igualdad de oportunidades de desarrollo personal y cercanía de los servicios públicos» y que «evite el proceso de despoblación de las zonas más alejadas, conectándolas y haciéndolas más accesibles y atractivas», abordando «de manera coordinada y planificada la gestión municipal de los residuos sólidos urbanos, el recurso esencial del agua y el acceso y generación de energía, favoreciendo los elementos de la economía circular en la provincia».
La Diputación ha destacado también del acuerdo la protección del medio rural, con el compromiso de «conectar adecuadamente la provincia de manera sostenible para facilitar comunicación y transporte» y la movilidad para una transición justa, «repensando la planificación urbanística y la ordenación del territorio» en un esfuerzo en consonancia con «favorecer la transición energética que propone el Pacto Verde Europeo y aplicar los objetivos de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética».
También han anunciado el grupo socialista y Con Andalucía su intención de defender la igualdad y la diversidad mediante una gestión de las políticas locales «integradoras y con la igualdad como eje transversal» de la política municipal: municipios «progresistas, democráticos y abiertos»; «feministas, tolerantes y respetuosos» con la diversidad étnica, religiosa, de género o de identidad sexual. «La lucha contra la violencia machista será una prioridad e impulsaremos, en colaboración con los municipios, programas de sensibilización a la ciudadanía, de atención a las víctimas y de rechazo hacia el maltrato y hacia quienes lo ejercen», se especifica.
El acuerdo programático menciona la preservación e impulso de la Memoria como «un derecho de la ciudadanía, además de un deber institucional», para lo que «fortaleceremos la necesaria cooperación institucional con el resto de las administraciones y en particular con los ayuntamientos de la provincia». En cuanto a la promoción de la cultura andaluza, «derecho ciudadano y motor de renovación social», las dos formaciones se fijan «la atención y la implicación de todos los niveles de la administración pública», fomentando «nuestro rico y variado patrimonio cultural, con especial atención al flamenco» y formulando «una estrategia de las políticas culturales como motor social y económico».
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