El Grupo Socialista tiene previsto defender el próximo jueves, 18 de mayo, en el Pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) con la que, entre otras cuestiones, quiere que la Cámara inste al Gobierno de la Junta a consensuar con las entidades locales un sistema de financiación «suficiente» para «las prestaciones previstas en la Ley de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA) y en la Ley de Dependencia que gestionan las entidades locales».
Así se recoge entre las reivindicaciones de esta iniciativa socialista de «impulso a la negociación de la financiación de las entidades locales andaluzas en el marco del sistema público de servicios sociales de Andalucía, y en particular del servicio de ayuda a domicilio», consultada por Europa Press.
La primera de las reivindicaciones que plantea esta PNL pasa por reclamar que el Parlamento muestre «su posición favorable al documento 'Posicionamiento y Argumentario sobre la revisión de la financiación del sistema público de dependencia en Andalucía. La financiación del servicio de ayuda a domicilio', aprobado por la Ejecutiva de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)».
En segundo lugar, la iniciativa del PSOE-A plantea que la Cámara andaluza inste al Gobierno de la Junta a «cumplir en toda su literalidad y en sus justos términos las previsiones tanto del artículo 25 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula) como del artículo 16 de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, de modo que toda nueva competencia o prestación que se asigne a las entidades locales, dentro de la futura orden reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio o del nuevo Catálogo de Prestaciones de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, lleve aparejada su financiación directa y suficiente, acordada previamente en el seno del Consejo Andaluz de Concertación Local».
Asimismo, el PSOE-A quiere que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a «negociar en el seno del Consejo Andaluz de Concertación Local la propuesta de revisión de financiación del sistema público de servicios sociales hasta consensuar el nuevo sistema de financiación suficiente para las prestaciones previstas en la Ley de Servicios Sociales de Andalucía y en la Ley de Dependencia que gestionan las entidades locales, articulándose a través de los oportunos decretos de transferencia de recursos con criterios de reparto objetivos y previamente consensuados con la FAMP».
Por otro lado, el Grupo Socialista también reclamará el jueves al Parlamento con esta PNL que inste al Consejo de Gobierno de la Junta a «asumir los compromisos alcanzados en el grupo de trabajo del Consejo Andaluz de Concertación Local en la tramitación del proyecto de orden reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)», y, entre ellos, y «en especial», la «toma en consideración de la adecuada y expresa financiación del coste real de gestión derivado de este servicio que asumen los gobiernos locales por imperativo legal, contemplado en la reciente subida del precio de la hora a 15,45 euros, que siguen considerando insuficiente».
También, «la fijación y traslado de propuesta de hoja de ruta para afrontar, de forma urgente y en co-gobernanza con las entidades locales, la revisión del sistema de financiación de servicios sociales comunitarios en Andalucía, consensuando los instrumentos jurídicos y criterios para la transferencia de recursos».
Finalmente, el PSOE-A plantea con esta iniciativa que el Parlamento inste a la Junta a asumir el compromiso de «la inmediata activación del grupo de trabajo conjunto de revisión del sistema de Financiación de los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía, articulando lo necesario para facilitar su tarea en desarrollo de la LSSA, sin perjuicio y en coordinación con las previsiones sobre la Comisión de Coordinación y Colaboración de los Servicios Sociales».
Exposición de motivos
Para fundamentar esta iniciativa, desde el PSOE-A señalan en la exposición de motivos que «la negociación sobre la financiación del Sistema Público de Servicios Sociales (SPSS) y las prestaciones recogidas en la Ley de Servicios Sociales de Andalucía o la Ley de Dependencia, es una reivindicación de los municipios en Andalucía que se convierte ahora en urgente por la incidencia que ya provoca en la gestión local el aumento de personas atendidas por el Servicio de Ayuda a Domicilio, la revisión de la orden reguladora del mismo que está en proceso, y la necesaria aprobación del Catálogo de Prestaciones de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía».
Según agregan los socialistas, «el nuevo modelo de financiación debe dar respuesta a las prestaciones y servicios derivadas de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía de 2016, requiriéndose la puesta en marcha urgente --tras más de cuatro años de retraso-- del Catálogo de Prestaciones y Servicios, y en el que se definan las administraciones competentes para el desarrollo de cada una de las prestaciones, y con ellas, la financiación necesaria para su desarrollo».
Para ello, según continúa la iniciativa del PSOE-A, «se hace imprescindible la participación necesaria y efectiva de los gobiernos locales en la elaboración y concreción definitiva de dicho Catálogo de Prestaciones de Servicios Sociales, así como la creación de la Comisión de Coordinación y Colaboración de los Servicios Sociales prevista en el artículo 57 de la LSSA, para contribuir con sus aportaciones a la adecuada planificación y coordinación de los Servicios Sociales derivados del SPSS en el territorio andaluz».
Desde el Grupo Socialista subrayan que «el compromiso de las entidades locales andaluzas con el Sistema de Dependencia en Andalucía, y en especial con el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), ha sido ejemplar y fuera de toda duda, pero con el volumen de gestión alcanzado en estos años requiere necesariamente el refuerzo de sus estructuras de personal que haga posible su atención en los parámetros de calidad del servicio y en línea con el nuevo Modelo de Atención Centrado en la Persona (ACP) recientemente aprobado por las comunidades autónomas en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia».
Recursos humanos insuficientes
«Con la actual dotación de recursos humanos de los Servicios Sociales Comunitarios (SSCC) resulta materialmente imposible cumplir las obligaciones de seguimiento y control que requiere la Orden SAD sobre esos 142.500 beneficiarios», advierte el PSOE-A en esta PNL en la que subraya que «los servicios sociales forman parte de las competencias exclusivas asumidas por la comunidad autónoma en el Estatuto de Autonomía de Andalucía», y «la Ley de Servicios Sociales de Andalucía otorga a la comunidad autónoma la obligación de garantizar la financiación necesaria para hacer frente a las prestaciones garantizadas que sean objeto de su competencia».
Desde el PSOE-A concluyen advirtiendo de que «las corporaciones locales pueden colaborar y cooperar con la comunidad autónoma en la gestión de las prestaciones del SPSS, pero en modo alguno pueden suplir a las obligaciones que corresponden a la comunidad autónoma después de estos años de desarrollo y de aprobación de los nuevos derechos», así como subrayan que resulta «imprescindible reforzar el sistema andaluz de financiación de las entidades locales y los mecanismos financieros que regulan el mismo», para «garantizar la homogeneidad en el acceso a estos derechos en todo el territorio andaluz y la suficiencia financiera y de liquidez de los municipios».
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