La Mesa Social del Agua de Andalucía ha transmitido este lunes su preocupación por «el mercadeo» de un bien público «tan necesario» como es el agua y ha instado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a que asuma la intermediación en la cesión de derechos con criterios sociales y ambientales y «no sólo económicos».
Asimismo, en rueda de prensa, las organizaciones han alertado de los efectos del cambio climático y la sequía sobre el sector agroganadero, los usuarios y los ecosistemas y han presentado una serie de medidas a corto, medio y largo plazo.
De esta manera, en concreto, la Mesa Social del Agua de Andalucía (MSA) ha presentado su posicionamiento ante la cesión de derechos de riego que iban destinados al arroz y que van a ser gestionados por la empresa una empresa privada.
En este sentido, han detallado que, en la comisión de desembalse del Guadalquivir, celebrada el pasado 7 de abril, se consideró que no era posible desembalsar un volumen de agua suficiente y constante para garantizar el riego del arroz. Con vistas a la posible cesión de derechos, se propuso para todas las hectáreas de arroz una dotación de 1.283 metros cúbicos por hectárea.
No obstante, han destacado que, en la implementación de este proceso de cesión, una entidad privada pretende asumir una función de intermediación ofertando los derechos que se ceden a sus asociados a través de una circular, «con el precio que dicha entidad ha determinado y sin hacer públicos los criterios de selección de las solicitudes».
Si bien es cierto que la Ley de Aguas prevé y regula la posibilidad excepcional de la cesión de derechos al uso del agua entre concesionarios, las organizaciones de la Mesa consideran que, en una situación tan grave de sequía, «no se puede mercadear con un bien público como es el agua».
Asimismo, con la base legal que brinda el artículo 68.3 de la misma ley, apuntan que el organismo de cuenca debe «frenar» la operación en marcha y asumir la intermediación en la cesión de derechos, atendiendo en su reparto y asignación a criterios sociales y ambientales y no solo económicos.
Por otra parte, y dada la urgencia de actuar contra esta situación, las organizaciones de la Mesa consideran que el decreto de sequía que actualmente se encuentra en proceso de redacción debería incluir la creación de los centros de intercambio de derechos.
Estos centros de intercambio ya están previstos en el artículo 71 de la Ley de Aguas. De esta forma, la cesión de derechos estaría gestionada por una entidad pública. Además, estos centros de intercambio deberían establecer criterios de distribución del recurso, que contemplen un reparto social del agua destinada a regadío, garantizando la supervivencia de las pequeñas explotaciones y el mantenimiento del empleo que estas generan, además de respetar el régimen de caudales ecológicos.
Impacto de la sequía
Por otro lado, las organizaciones de la MSA han querido hacerse eco de la sequía pluviométrica que, con una distribución desigual en Andalucía, acumula aportes por debajo de la media estadística desde el año hidrológico 2018-2019.
Esta situación está provocando graves impactos en la agricultura de secano y en la ganadería extensiva. Igualmente, está suponiendo una reducción de las aportaciones a las masas de aguas superficiales y subterráneas, con la consiguiente escasa recarga de acuíferos subterráneos y embalses superficiales, lo que agrava aún más la reducción de dotaciones que el regadío lleva soportando tres años.
No obstante, la Mesa advierte que en Andalucía existe un problema de escasez de agua, puesto que existe «un desequilibrio permanente entre las demandas de agua y los recursos disponibles». La demanda de agua del conjunto de Andalucía, con grandes diferencias espaciales, «ha sobrepasado la disponibilidad del recurso».
«El déficit es estructural, encubierto por la sobreexplotación generalizada de aguas superficiales y subterráneas. Esto se ve acentuado además por la actual sequía pluviométrica y se intensifica por las extraordinarias olas de calor, detrás de las cuales asoman los efectos del cambio climático», han detallado.
Así, la Mesa Social del Agua ha advertido que las infraestructuras hídricas demandadas por la Junta de Andalucía «ignoran y, por tanto, no abordan la problemática de la sobreexplotación de recursos, alienta el incremento de la demanda de agua y, además, presenta como urgentes actuaciones que tendrán efecto a medio y largo plazo».
Medidas a corto plazo
Por ello, la MSA ha presentado una serie de medidas a corto plazo que instan sean tenidas en cuenta por la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Entre las medidas de urgencia a corto plazo, la MSA considera «imprescindible» dotar de ayudas a las explotaciones ganaderas que están en riesgo de cierre. Para ello, se debe suministrar agua a través de pequeñas infraestructuras como pantanetas, canales, abrevaderos o balsas con las que paliar la actual situación.
En referencia a la agricultura de regadío, la MSA exige un reparto social del agua, garantizando un mínimo de superficie regada por explotación que asegure la supervivencia de la agricultura familiar y profesional. Igualmente, la MSA considera urgente dotar de apoyos financieros y fiscales directos, tales como compensaciones de rentas, a las explotaciones agrícolas, siempre ajustados a las diferentes situaciones socio-económicas de cada una.
Medidas a corto y largo plazo
Como medidas a medio y largo plazo, la MSA exhorta a la Junta de Andalucía a que cumpla los objetivos marcados en el Pacto Andaluz por el Agua, aprobado en la anterior legislatura y que contemplan, entre otros: la definición de objetivos medioambientales prioritarios en materia de agua, la mejora en la participación y transparencia en órganos de gestión, la garantía de los servicios urbanos y la creación de un suministro mínimo vital, la atención a los déficits estructurales de agua y demandas sostenibles (incluyendo «limitación de la superficie de regadío»), la generación de planes de resiliencia frente a sequías y de adaptación al cambio climático.
Una relación de conceptos aprobados por el Parlamento de Andalucía que «han desaparecido de los mensajes de la Junta de Andalucía y otros agentes sociales en la actualidad». Por todo ello, la MSA ha vuelto a remitir el decálogo de medidas que ya presentó en la anterior legislatura y que podría servir de hoja de ruta para una transición hídrica justa para Andalucía.
Esta mesa está compuesta por UGT Andalucía, CCOO-A, COAG Andalucía, UPA Andalucía, Aeopas, Facua Andalucía, WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción Andalucía, Fundación Savia, Fundación Nueva Cultura del Agua y Red Andaluza de la NCA.
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