La consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural Carmen Crespo. | Francisco J. Olmo - Europa Press

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La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha apremiado este viernes a las autoridades a «perseguir» las prácticas denunciadas por los pescadores de Carboneras (Almería) asociadas a Carbopesca ante la presencia de pesqueros marroquíes con artes ilegales máxime cuando es un sector al que «le aprietan y le aprietan» y «están intentando cercenarle las posibilidad de futuro en capacidad y en cuota pesquera».

A preguntas de los medios, Crespo ha considerado que la situación que vive la flota carbonera es una «incongruencia total» al haber, conforme a su denuncia, pesqueros que emplean artes ilegales en aguas españolas mientras que desde la Comisión Europea se establecen medidas regulatorias para la pesca. «Algunos pretenden que dependamos para alimentarnos fundamentalmente de pescado de terceros países», ha aseverado.

«Yo, que soy europeísta convencida, lo que no entendemos es cómo a nuestros pescadores especialmente les están dando una vuelta de tuerca con el tema del arrastre cuando hemos hecho un esfuerzo pesquero de cien barcos en el Mediterráneo y otros cien en el Atlántico y, en cambio, de forma muy rápida aparecen aquí cuestiones que nada tienen que ver con la legalidad», ha dicho.

La consejera, quien no renuncia a la posibilidad de acuerdos con países extracomunitarios, ha incidido en las prácticas que realizan los pescadores andaluces, con una flota que «está llenando los puertos pequeños» y que da trabajo a «muchas familias». «Hagamos lo que no ha enseñado el covid, que es que dependamos de nosotros mismos», ha añadido.

Crespo ha apremiado a las autoridades para que actúen «con toda la diligencia posible» y que «caiga la ley sobre» quienes incumplen los acuerdos, lo que «llena de estupor a todos los pescadores». «Me consta que la Guardia Civil ya lo está haciendo», ha apostillado la consejera, quien ha solicitado un mayor amparo para los pescadores andaluces ante el «esfuerzo» que realizan para adaptarse a la normativa y proteger los caladeros.