La exsuegra del 'yonki del dinero' defiende a su marido: "Siempre se ha buscado la vida legalmente"

Torregrosa ha sido la primera acusada en declarar en el juicio que se sigue en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia por la pieza del 'Call center' del caso Imelsa en la que hay siete acusados, entre ellos el expresidente de la Diputación y del PP de Valencia Alfonso Rus.

El ministerio fiscal cree que la mujer de Mariano López y su hermana se beneficiaron del dinero desviado de Imelsa. Al respecto, señala que López creó la empresa Técnicas Legales Administrativas S.L. para hacerse con el dinero procedente de una contrata de Diputación. La cantidad total que se incorporó al tráfico mercantil, simulando operaciones comerciales a través de la sociedad T.L.A y proveniente de Servimun asciende a un total de 198.835,48 euros, mantiene el fiscal.

Torregrosa, autorizada en las cuentas de empresas de Mariano López, ha negado haber cometido algún tipo de irregularidad y ha defendido a su marido: «Mi marido ha sido empresario toda su vida, tenía una fábrica y con la crisis tuvo que buscarse la vida pero siempre legalmente. Nunca en la vida hubiera aceptado algo ilegal y confío plenamente en él», ha dicho.

Preguntada por el hecho de que su hermana, también acusada, figurase como administrativa de la mercantil Técnicas Legales Administrativas S.L., ha respondido que se hizo así para que pudiera cobrar la jubilación.

«Mi hermana tenía 63 años y su marido le había dejado con cuatro hijos adolescentes y le quedaban dos años para jubilarse. Mariano me preguntó si quería ser administradora y le pregunté mejor a mi hermana y dijo que sí porque lo necesitaba para poder optar a la pensión», ha explicado.

«No pensaba que el hecho de montar la sociedad tenía como finalidad algo ilícito. Me comentó mi marido lo de administradora y confío plenamente en él. Le pregunté si era legal y me dijo que totalmente», ha agregado.

Por su parte, María Concepción Torregrosa ha ratificado la versión de su hermana. «Cuando asumí la administración de la empresa tenía 63 años y lo hice para cobrar le pensión. No participé en la gestión de la mercantil ni sabía lo que era la sociedad», ha apostillado.

Tras concluir esta dos declaraciones, el próximo martes, 2 de mayo, será el turno de Alfonso Rus y de Mariano López. Los días 3 y 4 terminarán de declarar los acusados que restan en este procedimiento.

La pieza y los acusados

En este procedimiento --la pieza D--, cuyo juicio se prolongará hasta el 5 de junio, están acusados Rus, Benavent, su exsuegro Mariano López y otras cuatro personas más. Fiscalía Anticorrupción acusa a Rus en esta ocasión de los delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y le pide ocho años de prisión; por su parte, al 'yonki del dinero' le atribuye los delitos de prevaricación y malversación también con carácter continuado y le pide cuatro años y medio de cárcel.

Los otros cinco acusados en esta pieza --bien como autores directos o como cooperadores necesarios-- están acusados de delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y/o blanqueo de capitales. Entre ellos está el exsuegro de Benavent, para el que el fiscal reclama 13 años de prisión.

Según mantiene la Fiscalía, los hechos se remontan a junio de 2012, cuando el exsuegro de Benavent arrancó a Rus el compromiso de adjudicar a su empresa --Servimun S.L.-- un contrato público de gestión tributaria de servicios.

El informe de necesidad de la contratación lo suscribió el acusado Salvador Deusa como jefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia en diciembre de 2012, amigo personal de Mariano López.

En este proceso, Benavent, «conocedor de las intenciones de Rus de favorecer esta adjudicación», no puso ninguna traba ni inconveniente en el proceso administrativo de selección «como estaba ordenado y convenido por Rus con López». En diciembre de 2012 se publicó el anuncio de licitación con un presupuesto de 1.020.000 euros. En la mesa de contratación tuvo una participación activa en el amaño el acusado Ricardo Ángel De Mari, jefe de servicio de la Diputación, según Fiscalía.

Servimun recibió la mayor puntuación para ser adjudicataria del contrato con una proposición «totalmente alejada de la verdadera realidad de lo que realmente podía y quería realizar la empresa», puesto que carecía de cualquier capacidad operativa para llevar a cabo lo señalado en la oferta, ni en medios técnicos, que eran a cargo de Imelsa, ni en medios personales, ni por experiencia en el objeto contractual.

Como coordinador del contrato se colocó al hijo de Mariano López, que se encontraba en paro, y que no contaba ni con experiencia ni con ninguna cualificación para el desarrollo de sus funciones. Pero no fue el único familiar que se benefició de las contrataciones, porque también se contrató a otro familiar del exsuegro de Benavent.

Finalmente, la formalización del contrato se realizó en junio de 2013 por un importe de 842.975,2 euros, sin IVA, distribuido en tres años. El trabajo fue «defectuoso» y «fracasado» desde un principio. Se pagó por trabajos no hechos.

En 2015, pese a los intentos de Mariano López de presionar a varios diputados para que se siguiese con la «farsa» de la contratación, no fue renovada por los informes negativos y la comprobación de la «inutilidad» del servicio por el nuevo equipo directivo de Imelsa. El perjuicio económico a los fondos públicos fue de 870.811,06 euros.

Junto a esta operativa y antes de la creación de la sociedad Técnicas Legales Administrativas, Mariano López disfrutó del dinero de la adjudicación nada más firmado el contrato el 7 de junio de 2013 a través de transferencias bancarias de la cuenta de Servimun S.L.