El jurado popular encargado de juzgar la muerte de un joven de 20 años en un pabellón industrial abandonado de Vitoria-Gasteiz en julio de 2020 ha declarado culpable de asesinato con alevosía al autor confeso del crimen, al considerar probado, por unanimidad, que fue culpable de dar muerte al joven, «aprovechando su desfallecimiento», además de su indefensión por ser «vulnerable por su discapacidad».
Asimismo, y tras siete días de estudiar la causa, el jurado ha dictaminado que el acusado también es culpable de un delito de lesiones, así como que debe afrontar el pago de un total de 281.589 euros en concepto de tres indemnizaciones a la familia de la víctima.
Este ha sido el veredicto final que el jurado popular, formado por seis mujeres y tres hombres, ha deliberado durante las últimas 24 horas y ha impuesto en la séptima jornada del juicio que dirime el asesinato con alevosía de un joven de 20 años en una fábrica abandonada de la capital alavesa.
Ahora, una vez visto para sentencia y tras la declaración de más de una treintena de testigos, será la magistrada de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Álava quien determine el número de años de condena. El jurado ha hecho suyos los razonamientos del Ministerio Fiscal y la acusación particular y abre la puerta a la condena del acusado a la máxima pena, prisión permanente revisable, que ahora deberá dictaminar la jueza.
Era consciente
El acusado reconoció en la primera sesión los hechos que se le imputan, pero aludió a sus «problemas mentales» y de «drogadicción» a la hora de asegurar, en varias ocasiones, que «no sabía lo que hacía» al cometer el asesinato, por estar «bajo el efecto de las drogas». Por ello, las declaraciones de los profesionales periciales, especialmente de los médicos forenses y los profesionales en psiquiatría, fueron claves a la hora de atestiguar que el acusado «sabía lo que hacía» y «mantenía las capacidades cognitivas conservadas», al acometer unos hechos tan graves.
Los médicos forenses explicaron que el procesado, que padece «un déficit intelectual leve», mantenía las capacidades cognitivas «conservadas en el grado suficiente para saber lo que hizo». «Mantenía sus capacidades suficientemente conservadas y verbaliza el conocimiento. Él dice que ha hecho una faena gorda que va a tener consecuencias graves en su vida. Traduce la conciencia cognitiva», insistieron.
Extrema crueldad
Asimismo, las pruebas que presentó la Policía Científica de la Ertzaintza clarifican la crueldad del crimen cometido. El inculpado, que tenía 18 años, y la víctima, de 20, estuvieron bebiendo en la plaza Llodio del barrio vitoriano de Zaramaga el 23 de julio de 2020, donde «el acusado obligó a la víctima a ingerir diversas pastillas de Trankimazin», a la vez que le vertía alcohol de alta graduación directamente en la boca desde la botella «para que las tragara». Todo ello «llevó a la víctima a un evidente estado de embriaguez y afectación por las sustancias ingeridas».
Posteriormente, se trasladaron a las instalaciones de una antigua fábrica abandonada que el acusado conocía, aunque la víctima tuvo «serias dificultades» para llegar, dado su «alto estado de embriaguez». Una vez en la fábrica discutieron y «el acusado empujó a la víctima desde el primer piso, a una altura de tres metros y medio hasta el suelo», caída por la cual sufrió una fractura de cadera y muñeca derecha.
«Con la intención de ocultar las lesiones causadas», el inculpado decidió acabar con la vida de su acompañante. Para llevar a cabo su objetivo, primero «buscó un espacio en el que no pudiera ser visto, para lo que arrastró 34 metros a la víctima sobre un suelo lleno de piedras y escombros, causándole lesiones cutáneas, hasta una sala en el interior de la fábrica».
Una vez dentro de la nave industrial, el acusado usó una navaja para producirle cinco heridas en la zona derecha del cuello, que le provocaron una importante hemorragia. Posteriormente, le golpeó la cabeza con un travesaño de madera, le propinó otras dos puñaladas en el costado izquierdo y en la región inguinal, y le golpeó la cabeza con «un cascote de hormigón de unos doce kilos hasta abrirle el cráneo y causarle la muerte». A pesar de que había fallecido, se considera que el procesado continuó causando heridas al cuerpo de la víctima con un riel de cortina que había en el lugar.
VULNERABILIDAD DE LA VÍCTIMA
Durante el juicio, diversos testimonios han atestiguado que el procesado «abusaba y chantajeaba» a la víctima, quien tenía acreditada una discapacidad del 65%, al padecer un trastorno generalizado del desarrollo y un trastorno obsesivo compulsivo. De hecho, la familia de la víctima relató sus intentos infructuosos por alejarlo del acusado, pero «el volvía a ir con el bajo amenazas», expusieron, además de que era una persona «dependiente, vulnerable y fácil de engañar», debido a su discapacidad.
El inculpado, quien permanece en prisión preventiva desde 2020, ha escuchado el dictamen del jurado popular con pasividad, sentado, con el cuerpo inclinado, las manos juntas y la cabeza agachada, durante toda la causa.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.