La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se ha mostrado «convencida» de que «lógicamente» el Gobierno de España ha adoptado «la mejor solución» para el trasvase Tajo-Segura «tomando en cuenta los intereses de la cuenca accidente y la cuenca beneficiaria».
«La gran apuesta de este Gobierno ha sido precisamente anticipar la aportación de agua no convencional para que no nos encontremos con situaciones como las que se encontró Barcelona en el año 2008, en poblaciones como Alicante o Murcia, en la que la falta de inversión supuso tener que llevar agua en barco», ha resaltado.
Así se ha manifestado Ribera este sábado, en declaraciones a los medios, antes de participar en el diálogo 'La agenda 2030' en el marco de la Conferencia Municipal del PSOE que se celebra este fin de semana en València.
Precisamente, con motivo de su visita a la ciudad, ha asegurado que ha estado hablando «todo este tiempo» con el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, aunque ha apuntado que no han tenido «ocasión» de hablar sobre los recursos del trasvase Tajo-Segura. «Él sabe qué es lo que pensamos nosotros y nosotros sabemos qué es lo que piensa él», ha afirmado.
«Creo que es normal que cada uno intente defender al máximo su posición y su argumentación y, simultáneamente, creo que lo que nos corresponde al Gobierno de España es defender el interés común, el interés de todos», ha sostenido, al tiempo que ha resaltado que desde el Ejecutivo se ha «innovado» en la forma en la que «se fija un caudal ecológico, por cuya ausencia el Gobierno ha sido condenado hasta en cinco ocasiones por parte del Tribunal Supremo».
En esta línea, ha defendido que el Gobierno «sabía que la aplicación del caudal ecológico que recomendaba la Oficina de Planificación del Tajo desde el primer día de vigencia del nuevo Plan Hidrológico hubiera supuesto una dificultad para poder asegurar agua suficiente en las comarcas beneficiarias de ese trasvase». «Por eso hemos hecho una aplicación gradual», ha apostillado.
Con respecto a los recursos presentados ante el Tribunal Supremo por la Generalitat Valenciana, el Gobierno de Murcia, la Diputación de Alicante y algunos municipios afectados, ha expresado que espera que «se resuelvan cuanto antes por parte del tribunal».
Teresa Ribera ha subrayado que es «fundamental» que «se invierta, como nunca se ha hecho, más de 8.000 millones de euros en nuevas dotaciones, en agua desalada, en agua regenerada, en infraestructuras que conecten todas esas infraestructuras de generación de agua y en soluciones renovables para que el agua bombeada y desalada no tenga un coste tan elevado».
«Y mientras tanto queremos acompañar a los regantes con una aportación especial que permita que el precio del agua sea razonable y sea asumible por esta actividad», ha concluido.
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