Archivo - Oficina de Lanbide, en Santutxu (Bilbao) | Europa Press - EUROPA PRESS - Archivo

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El Gobierno vasco prevé que todos los parados inscritos en Lanbide, así como los ocupados que lo soliciten, cuenten para julio de 2025 con un plan personalizado de empleo, una iniciativa que se recoge en el proyecto de la ley vasca de Empleo aprobado este martes en consejo de Gobierno. El texto, que regula por primera vez el trabajo digno y el derecho subjetivo a las políticas activas, establece que los municipios de más de 10.000 habitantes estarán obligados a elaborar planes locales de empleo.

Los detalles de la futura Ley vasca de Empleo han sido explicados por la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, en un encuentro previo con medios y en la rueda de prensa posterior al consejo del Gobierno, en la que ha destacado la «vocación transformadora» de la Ley para ser «más eficaz en la garantía de los servicios públicos» y dar respuesta" a las necesidades de trabajadores y empresas.

Los planes del Departamento de Mendia son, en principio, poder aprobar la ley en el Parlamento vasco en noviembre, de manera que entraría en vigor en mayo de 2024, seis meses después de su publicación.

La consejera, que cree que saldrá adelante y se ha mostrado abierta a ampliar el consenso ya existente porque es un Gobierno «de mano tendida», ha subrayado la importancia de contar con una Ley de Empleo, que sería la primera que se aprueba en Euskadi tras varios intentos.

Formación permanente

Además, considera fundamental dar respuesta al escenario que se abre con la inteligencia artificial que tiene «potencial» para crear empleo pero también se destruirán «miles» de puestos de trabajo, por lo que será decisiva la formación permanente, un aspecto en el que se incidirá con la nueva ley, ya que Lanbide tendrá la obligación de ofertar formación.

«Utilizamos nuestro autogobierno para avanzar en igualdad al ampliar derechos de ciudadanía y poder adaptarse a los cambios sin que nadie sea expusado del mercado laboral», ha dicho.

El Departamento de Mendia entiende que esta Ley, junto con la de la Garantia de Ingresos y la transformación de Lanbide, son los tres pilares de su actuación en esta legislatura y, en los tres casos, se da un reconocimiento y fortalecimiento de derechos.

En concreto, la futura Ley vasca de empleo va a regular por primera vez, además del trabajo digno y de calidad, también el derecho subjetivo a las políticas activas de empleo, algo pionero en España.

Ese reconocimiento del derecho subjetivo de las políticas activas de empleo supone, en la práctica, el derecho a una asistencia «personalizada, continuada y adecuada», de manera que Lanbide asignará un profesional de referencia que asumirá la tutorización de la
persona usuaria.

Además, también se recoge el derecho al diagnóstico personal sobre la empleabilidad que deberá ser elaborado en el plazo de dos meses desde la petición del profesional de referencia o la solicitud de la persona. Una vez elaborado ese diagnóstico, se realizará en un mes un plan integrado y personalizado de empleo, donde se incluirán las actividades formativas.

La previsión es que, una vez que entre en vigor la ley, en el plazo de dos meses se asignará a todos los demandantes de servicios de empleo de Lanbide su profesional de referencia.

Desde ese momento y, en un tiempo estimado de un año, es decir, para julio de 2025, según las previsiones iniciales del Gobierno, se espera que ya todos los parados inscritos en Lanbide tengan ya su plan personalizado de empleo, así como los ocupados que lo soliciten. En ese proceso de elaboracion de los planes, que será progresivo, se priorizarán, en primer lugar, a los parados de larga duración.

«Amplía derechos a la ciudadanía y por primera vez en España se va a poder exigir al servicio público de empleo un tratamiento personalizado, un traje a medida para encontrar un empleo o aspirar a uno mejor», ha señalado.

Calidad en el empleo

La ley va a regular en Euskadi por primera vez la calidad en el empleo y, en concreto, define expresamente el trabajo digno como «aquel que brinda la oportunidad de realizar una actividad productiva a cambio de un ingreso justo, que ofrece seguridad en el lugar de trabajo, protección social, perspectivas de desarrollo personal, de participación, igualdad de oportunidades y favorece la integración social».

Se objetivarán las causas para decir no a un empleo, aunque ello no podrá impedir que empresas oferten puestos que no se ajusten a esos parámetros de calidad, dado que no se cuenta con competencias en legislación.

Coordinación

Con esta ley, se pretende una mayor coordinación, de manera que el Gobierno vasco y Lanbide liderarán el espacio de concertación entre los más de 300 instituciones y agentes que hoy actúan en las políticas activas para trabajar en red. Se ahonda en la gobernanza del sistema porque es importante «ordenar el patio del empleo» y el Departamento de Trabajo y Empleo, partiendo de la base de que «no sobra nadie» y de que "el empleo es cosa de todos, quiere ordenar ese sistema para ser más eficaces y evitar duplicidades.

Con estos objetivos, se va a crear una red vasca de empleo, en el que que estén representados, además de Lanbide, los ayuntamientos, diputaciones, agentes económicos, sociales, centros de formación y el tercer sector. Además, para garantizar la cooperación y coordinación, se contará con un Consejo Vasco de Políticas Públicas de empleo.

El Gobierno vasco será el que apruebe la planificación estratégica y operativa de Euskadi y definirá la cartera de servicios de empleo y los programas complementarios. No obstante, por primera vez, hay un reconocimiento de un espacio competencial propio a todos los niveles institucionales.

Los responsables del Gobierno vasco han explicado que el texto contempla la elaboración cada seis años de una Estrategia vasca de Empleo y planes trienales de empleo, además, de planes territoriales de empleo que corresponderán a las diputaciones.

Asimismo, serán obligatorios los planes de empleo y desarrollo local para los municipios de más de 10.000 habitantes o para que los que se agrupen en un Behargintza y lleguen a esa cifra. Por debajo de ese número, los ayuntamientos podrán proponer acciones de empleo.

En total, serán 34 los municipios vascos que deberán elaborar esos planes, sin contar las entidades locales de base asociativa que en su conjunto integren más de 10.000 habitantes.

Para financiar la elaboración de esos planes locales de empleo, se creará un fondo de cooperación y el Departamento apuesta también por una colaboración financiera estable a cuatro años para el desarrollo de las acciones que se deriven de los mismos. Mendia ha destacado que los ayuntamientos tendrán un «protagonismo más acusado» y se les garantiza «participación y financiación».

Esta red vasca de empleo va a disponer de una única base de datos donde se incorporarán las ofertas de puestos de trabajo y de formación, si bien las empresas no tendrán obligación de publicar sus ofertas. En todo caso, Mendia entiende que sería paradójico que las empresas que continuamente aluden a las dificultades para encontrar mano de obra, no publiciten sus ofertas.

Con todo ello, creen razonable pensar que se incrementará la intermediación laboral y esperan que las empresas se apoyen en el sector público para sus necesidades.

Lanbide

En la nueva ley se ofrece una cartera de servicios «integral e integrada», garantizando una «dimensión transversal del empleo» y se define el «papel central» de Lanbide como servicio público de empleo.

Con esta ley, que reconoce la importancia del diálogo social, se pretende culminar la transformación en Lanbide, que pasará a ser nuevamente un ente público de derecho privado, con el objetivo de ser «más rápido y flexible».