El director del Institut d'Estudis de l'Autogovern, Joan Ridao, ha publicado 'Una història del català a l'escola' (Pòrtic), en el que repasa el papel y la regulación del catalán en el ámbito educativo desde el decreto borbónico de Nueva Planta hasta las sentencias que imponen un 25% de castellano.
«El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) está haciendo política», ha sostenido en una entrevista de Europa Press, y ha lamentado que el tribunal tachara de arbitraria la reforma sobre el catalán en la escuela pactada por ERC, PSC, Junts y comuns y el decreto ley del Govern que rechaza porcentajes, y que buscaba dar respuesta a las sentencias del 25%.
Sobre la constitucionalidad de la reforma, que establece que el catalán es la lengua «normalmente empleada» en la enseñanza y delega en los proyectos lingüísticos el uso del castellano en cada centro, Ridao ha apuntado que un pronunciamiento favorable del TC sobre la Ley Celáa, aprobada en 2020, allanaría el camino para avalar luego el modelo catalán.
Ridao, que es exletrado mayor del Parlament y miembro de la Comissió Jurídica Assessora, ha resaltado que la Ley Celáa prevé que los niños terminen la enseñanza obligatoria dominando las dos lenguas, y se remite a las comunidades autónomas para la regulación de los usos lingüísticos escolares.
Si el TC acepta el modelo de la ley Celaá, que no prevé que el castellano sea vehicular, «no debería haber ningún problema» para que sea el legislador autonómico el que decida cómo los alumnos adquieren esa doble competencia lingüística, lo que no necesariamente se consigue fijando porcentajes, ha argumentado.
Además, ha señalado que el TC «no ha dicho nunca» que haya que fijar un porcentaje para garantizar la vehicularidad del castellano, un concepto que introdujo en la sentencia sobre el Estatut d'Autonomia en 2010 y que, a su juicio, los tribunales ordinarios han utilizado incorrectamente para imponer el 25%.
«Es una creación de la nada, como en la Biblia», ha ironizado sobre el 25%, que tampoco aparece en la legislación básica del Estado sobre educación, y ha apuntado que las encuestas que revelan una disminución del uso del catalán entre los alumnos pueden usarse como un argumento más para lograr pronunciamientos favorables a la inmersión.
300 años de "represión"
'Una història del català a l'escola' sitúa el inicio de los «300 años de persecución del catalán en la escuela» en el decreto de Nueva Planta de 1716, que lo prohibió en ámbitos como la administración o la justicia, aunque constata intentos anteriores de uniformización durante los reinados de los Reyes Católicos y los Austria.
A partir de ahí, Ridao repasa cómo evolucionó la regulación del catalán como lengua de aprendizaje durante el periodo liberal del siglo XIX y el siglo XX, reparando en la Constitución de la II República en la que, a juicio del autor, se inspira el modelo lingüístico de la Constitución actual.
Tras la «asfixia» al catalán durante el franquismo, Ridao aborda la paulatina reintroducción del catalán en la escuela con la ley 'Villar Palasí', impulsada por el ministro valenciano homónimo, hasta que ya en democracia el Parlament aprobó la Llei de Normalització Lingüística con tan solo una abstención.
Santa coloma, 1984
El libro detalla los orígenes del modelo de escuela en catalán, que inicialmente CiU diseñó de forma que permitía una doble red escolar dividida por lengua; fueron el PSC y el PSUC --relata-- quienes presionaron para lograr una red única.
En 1984 arranca el sistema de la inmersión en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), y que fue implantándose de forma progresiva en el resto de centros de Catalunya hasta alcanzar las 800 escuelas en 1992.
El libro también analiza los cambios que introdujo la Ley Wert y las iniciativas promovidas por grupos partidarios de dar más presencia del castellano en las aulas, detrás de las que el autor ve una intención política, orientada a consagrar la «supremacía del castellano», más que cultural o educativa.
'Una història del català a l'escola' distingue el modelo lingüístico en España del de otros países multilingües como Canadá, donde los hablantes de las lenguas minoritarias tienen un «estatuto personal» que les permite usarlas en la administración en todo el territorio.
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