María Escrihuela, quien fuera directora de Formación y de Gestión de Personas y Conocimiento de la extinta empresa pública Imelsa, ha negado irregularidades en la entidad y ha apuntado que era el exgerente Marcos Benavent quien le indicaba a quién contratar, «pero dentro de una relación laboral normal», ha aclarado. Así mismo, ha negado que supiera la existencia de personas que no iban a trabajar, los conocidos como 'zombies'.
Escrihuela se ha pronunciado en estos términos durante su declaración, como acusada, en el juicio que se sigue contra ella y otras 24 personas más en la Audiencia de Valencia por las piezas B y F del caso Imelsa. Estaba previsto que este viernes comenzar a declarar el ex secretario autonómico de Educación y exconsejero delegado de Ciegsa Máximo Caturla, pero su testimonio se ha tenido que posponer por un problema con una documentación a la que no se tenía acceso.
La ex alta directiva, que se enfrenta a seis años de prisión --tal y como le reclama provisionalmente el ministerio fiscal--, ha explicado que comenzó a trabajar en Imelsa en marzo de 2008 tras proponérselo Benavent, autodenominado 'yonki del dinero'.
La acusada, licenciada en Psicología, ha indicado que el motivo por el que ingresó en Imelsa fue para fomentar la motivación y el rendimiento del empleado: «Se pretendía un cambio de cultura y yo era especialista», ha expuesto. Así, en la empresa llevaba la gestión de personas y había otro departamento jurídico-laboral.
Las contrataciones, ha dicho, dependían de ella «en parte» y también al departamento jurídico, pero no los salarios. Ha comentado que ella no intervenía en el proceso de selección y que era Benavent o el personal de Brigadas quien le decía a qué personas había que contratar.
«La contratación no me venía impuesta, sino que una persona jerárquicamente superior a mí me decía que había que contratar a alguien. Era una orden laboral normal que se tiene en las empresas, una comunicación», ha afirmado, e interpelada por si se podía oponer a una contratación, ha respondido: «Nunca ví nada que me hiciera pensar que me tenía que oponer a algo».
La acusada ha indicado, además, que los contratados en Imelsa podían trabajar en otros edificios de la Diputación «haciendo labores, por ejemplo, de apoyo a consejeros delegados, de prensa o del departamento de Turismo».
Sobre la existencia de asesores y su legalidad, Escrihuela ha señalado que consultó con el director jurídico esta figura y éste le contestó que «sin problema», que existía desde 1998 y que no había ningún problema jurídico: «A mí me decían que contratara a una persona con un contrato de asesor y el jurídico de la empresa no le daba más importancia, no le veía problema. Así que para mí tampoco lo había».
No lo detectó
La acusada, preguntada por los 'zombies', ha asegurado que no detectó la existencia de trabajadores que no trabajasen y tampoco nadie se lo comentó. «De ser así, inmediatamente hubiera abandonado mi puesto de trabajo», ha apostillado. «A mí no me vino ningún asesor para decirme que no le daban trabajo», ha agregado.
Para controlar la asistencia de empleados, ha explicado que ella puso en funcionamiento un sistema de fichaje electrónico pero al que no podía acceder todo el mundo, sino únicamente los que contaban con ordenador.
En relación con la productividad y las dietas, que la acusada también disfrutaba en Imelsa, ha expuesto que se quería fomentar la motivación y ha señalado que su productividad la aprobaba el gerente: «Yo cobraba siempre la productividad máxima porque cumplía con objetivos y de sobra», ha apuntado.
Los acusados y la causa
Estas dos piezas, la B y la F, suman 25 acusados, entre ellos, el expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus, el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exdiputado Rafael Rubio (PSPV), Caturla y el exdiputado del PP Salvador Enguix.
Se trata del segundo juicio de la macrocausa de Imelsa, puesto que en mayo se juzgó la primera de ellas, la relativa a Thematica, con el 'yonki del dinero' como principal acusado, quien ha sido condenado a siete años y 10 meses de prisión.
En las piezas que se juzgan ahora, la B y la F, se ha investigado contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, Rus se enfrenta a una pena de 12 años de prisión y Rubio --también investigado en el conocido como caso Azud-- a oros seis, según se desprende de la calificación provisional del ministerio fiscal.
Fiscalía atribuye a Rus los delitos de pertenencia a organización criminal, un delito continuado de malversación de caudales públicos, de prevaricación administrativa y de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. Así mismo, a Rubio le acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento oficial y un delito continuado de prevaricación administrativa.
Para el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el exjefe de gabiente de Rus, Emilio Llopis, reclama la misma pena que para el expresidente de la Diputación por idénticos delitos, además de multa e inhabilitación.
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