El acusado, que padece lo que se denomina una inteligencia límite, se sienta en el banquillo por mantener relaciones sexuales con menores de 15 y 16 años a cambio de dinero. Al menos contactó con trece chicos a través de una red social.
El fiscal solicita 119 años de cárcel para el acusado, de 40 años y a quien imputa varios delitos de ciberacoso sexual infantil, prostitución de menores, abuso sexual de menores de 16 años, producción de pornografía infantil, posesión de pornografía infantil y exhibicionismo.
En concepto de responsabilidad le reclama cantidades que oscilan entre los 6.000 y los 3.000 euros, según cada víctima, y que alcanza los 63.000 euros.
En la causa consta un informe psiquiátrico que acredita que sufre desde la infancia un trastorno de inteligencia limite, una forma de funcionamiento intelectual caracterizado por dificultades en el aprendizaje y en el procesamiento cognitivo.
Según fuentes jurídicas, el supuesto agresor sexual sería consciente de que sus actos no eran correctos, pero los normalizaba al no adaptarse a su entorno de personas de su edad.
En el juicio, el abogado ha solicitado la nulidad del análisis del móvil del acusado, ya que se le incautó cuando fue detenido en el metro por hacerse pasar por Policía. Al acusado se le detuvo por un delito de usurpación y no por abusos.
Los agentes al constatar en su filiación que tenía antecedentes por abusos sexuales solicitaron al juez una orden para analizar el dispositivo, siendo autorizada y en contra de la defensa al haber sido detenido por un delito de usurpación. Al parecer, del análisis se extrajeron conversaciones incriminatorias con las supuestas víctimas.
En su declaración, el procesado se ha acogido a su derecho a no declarar, tanto ante el fiscal como ante su abogado. Los que sí han comparecido son algunos de los menores víctimas de los supuestos abusos.
Los chicos han relatado el 'modus operandi' del pederasta, quien contactaba con ellos a través de una aplicación y se citaban a cambio de dinero. Algunos han señalado que aceptaban tener relaciones si les daba dinero, unos 70 euros.
El Código Penal recoge que «el que solicite, acepte u obtenga, a cambio de una remuneración o promesa, una relación sexual con una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, será castigado con una pena de uno a cuatro años de prisión». «Si el menor no hubiera cumplido dieciséis años de edad, se impondrá una pena de dos a seis años de prisión», agrega.
HECHOS JUZGADOS
El escrito de acusación señala que, «por lo menos», desde el verano de 2019 hasta julio de 2021 J. D. M. entabló contacto a través de la red social GRINDR con chicos menores de edad con los que continuaba luego hablando por teléfono «con el fin de satisfacer su deseo sexual».
El acusado, según la Fiscalía, buscaba «específicamente» a chicos que fueran menores de edad a quienes proponía mantener relaciones sexuales con él a cambio de diversas cantidades de dinero, «consiguiendo su propósito en varias ocasiones».
En algunos casos también les remitía y les solicitaba imágenes o videos de claro contenido sexual y les preguntaba si conocían a otros menores para llevar a cabo similares hechos. La Fiscalía recoge en su escrito los casos de trece menores.
A cambio de dinero
En el primero de ellos el acusado contactó con un menor de 14 años de edad «con el indicado fin de mantener relaciones sexuales por dinero, llegando a quedar con él en un inmueble por los alrededores de la estación de Metro de Buenos Aires en Madrid, adonde le condujo el procesado, y donde en la zona de contadores el menor le hizo una felación al procesado y éste al menor, que le pagó por ello 60 euros».
El resto de los casos son bastante similares. Tras contactar con un menor, le proponía mantener relaciones sexuales o que le hiciera una felación a cambio de una cierta cantidad de dinero que oscilaba entre los 20 y los 50 euros. Pese a ello, algunas de las víctimas rechazaron tener relaciones sexuales con el acusado.
Por resoluciones judiciales de fechas 23 de enero de 2020 y de 18 de marzo de 2021, se autorizó el volcado del contenido de los teléfonos móviles del procesado «resultando que parte importante de su contenido eran imágenes y vídeos en los que aparecían varones de clara minoría de edad desnudos y en actitudes sexuales explícitas, los cuales no han podido ser identificados».
El acusado permanece privado de libertad por estos hechos desde el día 27 de julio de 2021 en que fue detenido por la policía, habiéndose acordado su prisión provisional con fecha 30 de julio de 2021.
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