El desalojo exprés de 52 vecinos del número 8 la plaza de la Fuente del Trébol de San Fernando de Henares este martes reabría la crisis por las consecuencias de las obras de la Línea 7B de Metro de Madrid en el municipio y alimentaba la convocatoria de la manifestación que sus afectados desplegarán este domingo en el centro de Madrid hasta trasladar sus propuestas frente a la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional.
Alrededor de las 17 horas, según han narrado los propios desalojados, sonaba un crujido y aparecían «pequeñas fisuras» que descuadraron las puertas de este bloque, en cuya trasera estaban acometiendo trabajos obreros de la Comunidad de Madrid.
Los Bomberos desalojaban a los vecinos, que permanecieron hasta las 22 horas en un centro cultural municipal cercano, esperando a que les ofrecieran una alternativa habitacional, previa visita rápida a casa para coger lo imprescindible.
Al día siguiente los técnicos autonómicos volvían al inmueble y determinaban que los desalojados podían volver a sus casas ya que las grietas no suponían un daño estructural.
Lo que podía haber sido un episodio solucionado con celeridad ha avivado las quejas de los vecinos, especialmente de la plataforma de afectados que ya el pasado diciembre habían convocado la marcha que recorrerá desde las 12 horas de Callao hasta Sol para reivindicar una solución a su problema.
A ello se han sumado las críticas del alcalde de la localidad, el socialista Javier Corpa, quien criticó que ningún cargo político se acercase a San Fernando a dar explicaciones ni el día del desalojo ni los posteriores --al margen del director general de Infraestructuras-- y que los vecinos se enteraran de que podían volver a sus domicilios a través de la prensa, una crítica que ha repetido en varias ocasiones a lo largo de los pasados meses.
Precisamente el regidor, que acudirá a la marcha junto a miembros de la Corporación, ha hecho un llamamiento para «inundar» la capital con un único mensaje: 'Soluciones definitivas ya'.
Un problema desde hace quince años
El pasado septiembre se cumplía un año desde que se recrudeciera la crisis en San Fernando por esta infraestructura con los desalojos de vecinos, protestas en la calle y derribos de inmuebles en la localidad como culminación de quince años con problemas estructurales desde que en 2007 la que fuera presidenta regional en ese momento, Esperanza Aguirre, inaugurara la infraestructura poco antes de unas elecciones.
El problema, como una bola de nieve, ha ido aumentando con el paso de los años, acelerándose en esta legislatura, en la que el Ejecutivo regional ha tenido que desplazar a los vecinos e implementar, por cuarta vez desde su inauguración, un plan de consolidación del terreno. Esta vez a más profundidad y más ambicioso, ya que afecta a un total de 10.000 metros cuadrados.
Uno de los momentos de más tensión fue el pasado septiembre, cuando a vecinos de la calle Presa vieron como la «emergencia» que posibilitaba que estuvieran realojados por la Comunidad acababa con la demolición de sus casas. Las indemnizaciones aún estaban por llegar y, finalmente, el Ejecutivo autonómico buscó una manera de compensarlo adelantando parte de los fondos para que pudieran hacer frente al pago de un hospedaje.
La propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, visitaba en octubre en dos ocasiones el municipio, las únicas desde la intensificación de los problemas, y anunciaba que se destinarían 120 millones de euros para «más actuaciones integrales» ante los problemas generados por la 7B e inauguró una oficina de atención a los afectados en la localidad.
Indemnizaciones entre 136.000 y 355.000 euros por inmueble derruido
Asimismo, el pasado 21 de diciembre el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, comparecía en rueda de prensa tras un Consejo de Gobierno para presentar las indemnizaciones a los afectados, que a lo largo del proceso de definición habían aseverado en reiteradas ocasiones que alcanzarían las cifras máximas posibles.
Finalmente, recibirán entre 136.000 y 355.000 euros de indemnización por inmueble derruido, mientras que las plazas de garaje se compensarán con un mínimo de 10.000 y un máximo de 33.000 euros.
La Comunidad estima que esta cuantía cubrirá el valor del inmueble, el mobiliario, el daño moral, el daño emergente y el lucro cesante, al que se le añade, además, el índice de garantía de la competitividad «con el objetivo de poder ofrecer a las familias la máxima compensación posible con el que poder ayudarles a rehacer sus vidas».
Todos los recursos necesarios
Desde el recrudecimiento de la crisis por la Línea 7B de Metro desde la Comunidad de Madrid han insistido en que no se escatimará en gasto ni en medidas para solventar un problema que han «heredado» de administraciones anteriores.
El objetivo que persiguen con los trabajos de auscultamiento y los realojos es el de «garantizar la seguridad» ante la «mínima sospecha» de cualquier problema en la zona, como enfatizaba el pasado miércoles la consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera, horas después del suceso en plaza de la Fuente del Trébol.
Esta misma posición la defendía este jueves la titular de Políticas Sociales, Concepción Dancausa, quien aseguraba que el Gobierno regional está «trabajando todos los días» para dar solución al problema que «no es fácil» porque es «técnico».
«Créanme que siempre estamos pensamos en los vecinos. Nuestro objetivo es mejorar la vida de ellos. No es un problema fácil. Han tenido la mala suerte de encontrarse con este problema pero estamos trabajando todos los días en ellos», resumía Dancausa.
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