La consellera de Feminismos e Igualdad, Tània Verge, ha asegurado que la Conselleria ha atendido a mujeres afectadas por la conducta del diputado de Junts en el Parlament Francesc de Dalmases: «Sí que lo hemos hecho».
Lo ha dicho en una entrevista en Ràdio 4 y La 2 de este lunes recogida por Europa Press después de que Dalmases fuera sancionado por la Mesa del Parlament con una amonestación pública y una multa de 600 euros por la discusión que protagonizó con la subdirectora del programa 'Faqs'.
Verge ha exigido que los cargos públicos deben tener conductas ejemplares y no aplicar los protocolos únicamente en actuaciones que no sean constitutivas de delito y ha instado a los partidos políticos a aplicar las medidas adecuadas para garantizarlas.
«También lo habíamos hecho en otras ocasiones con diputadas o periodistas que han sufrido violencia a través de las redes», ha aseverado, y lo ha calificado de violencia política al considerar que coarta el desarrollo normal de su trabajo.
Así, ha reconocido que en el Parlament «pueden ocurrir prácticas machistas o acoso como en cualquier otro ámbito», al lamentar que ocurren en todos los ámbitos de la sociedad, y ha destacado que la aplicación del código de conducta de la Cámara catalana a Dalmases --en sus palabras-- envía una señal muy clara que es que no hay impunidad.
Montero, víctima de "violencia política"
Verge ha asegurado que la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el Ministerio sufren «violencia política» y ha opinado que ello responde --textualmente-- al impulso de políticas feministas desde las instituciones para sacudir el 'status quo'.
«El acoso que se le hace de manera personal a la ministra como si fuera ella la que ha redactado de puño y letra la ley, cuando es evidente que hay todos unos equipos jurídicos, que ha pasado todo un proceso de tramitación en el Congreso y en el Gobierno, tiene que ver con esta contra-reacción contra el feminismo», ha aseverado.
Verge ha considerado que las rebajas de penas a condenados por violencia sexual amparadas en la nueva norma «no tiene en cuenta toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General» y ha pedido que cada caso sea analizado de manera específica y no haya automatismos.
En esta línea, ha abogado por impulsar formación obligatoria a personal de la judicatura en materia de género y por que los contenidos se incorporen en las oposiciones, y ha explicado que la Generalitat ya propone formaciones de carácter voluntario.
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