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Un cabo de la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha señalado presuntas irregularidades durante las oposiciones para el puesto de superintendente de la localidad, en la que se presentaron solamente este cabo y un intendente, el actual jefe de la Guardia Urbana de la localidad.

El cabo ha explicado a Europa Press que el cargo de superintendente equivale al de comisario de los Mossos d'Esquadra, y que es un cargo que se iba a extinguir y que actualmente solo existe uno en toda Catalunya, en la localidad de Badalona (Barcelona).

El intendente fue destinado hace un año y medio a L'Hospitalet --cuando el anterior jefe se jubiló-- en comisión de servicio, hecho que implica que solamente se puede quedar en el cargo durante dos años, a no ser que se realicen unas oposiciones y quede apto para el puesto.

Al convocarse las oposiciones, se presentaron el intendente y este cabo, que quedó excluido del proceso selectivo por ser declarado no apto en la prueba psicotécnica realizada el 28 y 29 de septiembre, aunque sin recibir ninguna explicación ni valoración técnica.

Recurso

Por este motivo, el cabo formuló un recurso el 4 de octubre, consultado por Europa Press, para pedir la anulación del proceso selectivo y del anuncio que lo declaraba excluido, y explicó que consideraba que su principio constitucional de igualdad se había vulnerado en el momento en el que el otro candidato asistió a la realización de dos fases de la prueba vestido con el uniforme, ostentando los galones distintivos de la categoría de intendente, junto con las divisas de jefe del cuerpo y con el arma reglamentaria.

«Él es experto en lenguaje no verbal. Esto lo hizo para mostrar una posición jerárquica, de superioridad, autoritaria. Además, las pruebas se hicieron en una sala contigua a su despacho», ha añadido el cabo.

En el recurso, también pidió la copia del acta del tribunal en la que se acordaba plantear los casos prácticos expuestos durante la fase de entrevista por el psicólogo entrevistador, así como una copia del acta en la que se acordaba su exclusión y la valoración técnica, para ejercer su derecho de defensa administrativa ante una transcripción o grabación de la entrevista.

Asimismo, ha manifestado que no se le ha hecho llegar ninguna respuesta en relación al recurso presentado y, sin embargo, el proceso selectivo ha seguido con otras pruebas al otro candidato, obviando su «vulneración de derechos».

Grave perjuicio económico

A su parecer, el nombramiento del otro candidato como nuevo superintendente «lo que puede provocar es un grave perjuicio económico tanto para el Ayuntamiento» como para él, en el caso de que una autoridad judicial resuelva favorablemente en defensa de sus derechos.

Ha asegurado que el actual teniente de alcalde y concejal del Área de Convivencia, Seguridad y Movilidad, José Castro, ha realizado manifestaciones públicas, antes y durante del proceso selectivo, «en favor del otro candidato para ocupar la plaza de superintendente, y se ha mostrado expresamente contrario a la candidatura del cabo», según expresa el recurso.

«¿Desde cuándo un concejal puede decir de quién es la plaza?», ha manifestado el cabo, quien ha presentado un escrito, consultado por Europa Press, a la Síndica de Greuges de la localidad, Merche Garcia.

En el escrito solicita su intervención para que, «dada la parcialidad de Castro», inste a la alcaldesa de la ciudad, Núria Marín, a acordar la suspensión del proceso selectivo hasta que se esclarezcan todas las presuntas irregularidades normativas y la vulneración de derechos, aunque Garcia ha explicado a Europa Press que no le consta haber recibido estas quejas.

Por su parte, desde el consistorio, en nombre de Castro, han asegurado a Europa Press que el intendente fue de uniforme porque le pusieron los exámenes en horario de servicio: «Si el presidente del tribunal hubiera visto irregularidades le hubiera dicho: 'Vete a cambiar', pero no las vio. Todo es normal y todo es correcto».