Archivo - La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, interviene durante una sesión de control ordinaria en Les Corts | Rober Solsona - Europa Press

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La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha advertido este lunes que la situación de bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es «insostenible» y algo «verdaderamente peligroso para las instituciones democráticas», por lo que ha instado al PP a dejar de buscar «excusas» y a sentarse a negociar con el PSOE.

Además, ha reconocido que el sistema de elección de este órgano «tiene que mejorar» porque no es partidaria de que «los jueces elijan a los jueces»: «Esto no es un sindicato ni un comité de empresa: es un órgano constitucional con autonomía presupuestaria y que participa en la política judicial del Estado».

Así lo ha declarado Bravo a preguntas de los periodistas en el acto de apertura del año judicial, al que no ha asistido la sección territorial valenciana de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) como muestra de disconformidad por el bloqueo en la renovación del CGPJ.

Tras advertir que los vocales del Consejo «deberían dimitir porque la situación es insostenible», la consellera ha acusado al PP de bloquear la reforma desde hace cuatro años cuando «aspira a gobernar y se considera un partido de Estado».

«Hay que tener memoria histórica», ha recalcado, recordando que el PP primero exigió cambiar la ley que «no modificaron cuando gobernaban con mayoría absoluta», después «vetó» a candidatos propuestos por grupos parlamentarios como Podemos y más tarde puso la «excusa» de que había que esperar a la posición de Europa.

Por tanto, Bravo ha instado a los de Alberto Núñez Feijóo a negociar con el PSOE el «desbloqueo inmediato» del CGPJ en lugar de ofrecer «excusas continuas» para oponerse a la renovación, ya que a su juicio esto resta «seriedad» a los 'populares'.

Y de cara al futuro se ha mostrado a favor de establecer un sistema de valoración «objetiva» de los méritos y capacidades de los vocales del Consejo y ha defendido que la participación del Congreso y el Senado en este proceso «da mayor legitimidad al órgano».