Cullera asegura que el Medusa contaba con "todos los permisos y garantías jurídicas y administrativas" | GVA JUSTICIA

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La consellera de Justicia y Gobernación de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, ha señalado que corresponde a la autoridad judicial determinar si se adoptaron todas las medidas de seguridad en el Medusa Festival de Cullera (Valencia), después de que el pasado sábado un joven de 22 años muriera y 40 personas precisaran asistencia tras derrumbarse parte del escenario y otros elementos en un momento en el que se produjo en la zona un «reventón térmico».

Así lo ha indicado en declaraciones a la SER, recogidas por Europa Press, tras el comunicado de la dirección del festival, que defiende su actuación tanto antes como después del derrumbe y reitera que no se preveía un «fenómeno virulento» como este. La organización argumenta que ese hecho «causó numerosos deterioros en la infraestructura del recinto y en diversos elementos decorativos» y algunos de estos elementos fueron los que provocaron los daños a los asistentes.

El juzgado que investiga los hechos recibió el domingo las primeras dos denuncias de perjudicados y el mismo sábado pidió a la Agencia Estatal de Meteorología un informe sobre las circunstancias registradas en Cullera a la hora en la que se produjeron los hechos y en todo el recinto.

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«Esta desgracia terrible ha sido objeto de investigación judicial, se ha abierto un procedimiento judicial que tendrá que dilucidar si se adoptaron todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todas las personas», ha dicho y ha recordado que, precisamente, ante la alerta de calor para el pasado fin de semana, el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, convocó una reunión de urgencia el viernes donde se adoptaron medidas extraordinarias.

La consellera ha subrayado que estas medidas incluían desde cierres parques naturales o algunas restrictivas y, sobre todo, «los avisos a trasladar a ayuntamientos y población». «En ese momento, lo que se advertía por parte de Aemet eran altas temperaturas y sobre todo vientos de poniente en las zonas de interior», ha precisado.

Ahora, ha dicho, «corresponde a la autoridad judicial, en base a toda la información tanto por parte de Aemet como las periciales que se tendrán que practicar sobre la infraestructura, determinar si se adoptaron todas las medidas». «Nosotros trabajamos y convocamos la reunión de seguridad para alertar sobre la ola de calor y de la necesidad de adoptar medidas en todos los sentidos», ha recalcado.