Archivo - Policía abate a un hombre que amenazaba con un cuchillo a viandantes junto a un centro de salud de Villaverde | ASOCIACIÓN VECINAL LA UNIDAD DE

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El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha instado al Ministerio de Interior a entregar a un solicitante el atestado, información de si está judicializado y una fotografía del cuchillo que portaba un hombre abatido en noviembre de 2021 en Villaverde.

Según figura en la resolución dirigida al departamento de Grande-Marlaska de la información se excluirán aquellas partes que en su caso resulten afectadas por el secreto sumarial, cuestión que deberá explicitarse.

Fue el 5 de noviembre cuando se informó de que agentes de la Policía Nacional habían abatido a un hombre que tras amenazar con un cuchillo a viandantes y conductores en una calle del distrito de Villaverde, hirió a un agente.

Según relataron en su momento desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid a la zona donde merodeaba el fallecido acudió un indicativo policial y el sujeto se abalanzó contra uno de los agentes, acorralándole y causándole lesiones en la mano en el arma blanca. Por eso motivo, disparó contra él. Como el hombre no cejaba en su empeño y seguía amenazando con el cuchillo, otros agentes dispararon contra él.

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Tras la petición de la información al Ministerio del Interior no se remitió respuesta, por lo que interpuso una reclamación en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Una vez requerido, desde el ámbito de Grande-Marlaska argumentaron que estaba siendo judicializados y que quien desease acceder debía «someterse al régimen contenido en las normas que regulan el modo y condiciones de acceso a la información contenida en las actuaciones judiciales».

«Cabe reseñar que los atestados policiales no son meros informes o anexos que se adjuntan a la causa judicial, sino que pueden tener también la virtualidad probatoria propia cuando contiene datos objetivos y verificables (...) no es un documento que deba ser catalogado como público, y mucho menos cuando este es remitido a la Autoridad Judicial, que es la competente para el total esclarecimientos de los hechos y quien igualmente determina el secreto o no de las actuaciones», defendieron en su momento.

Un planteamiento que el Consejo de Transparencia ha rechazado y por lo tanto ha instado tanto al envío del material al requeridor como una copia también a este órgano.