El presidente de Mediapro, Jaume Roures. | ARMANDO ARORIZO

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Mediapro ha salido airoso de la guerra del fútbol y el Real Mallorca, que tenía un procedimiento abierto con el grupo de comunicación, ha alcanzado un pacto con la operadora para esquivar el enfrentamiento en los tribunales y eludir el elevado riesgo que entrañaba. La empresa audiovisual y la SAD balear han llegado a un acuerdo para anular todos los trámites que amenazaban con poner en jaque la economía del club, ya que se contemplaba una penalización cercana a los diez millones de euros. Un acuerdo estratégico que representa un balón de oxígeno para el club, ya los precedentes habían resultado perjudiciales para otros equipos con litigios como el Atlétido de Madrid.

El presidente de Mediapro, Jaume Roures, que celebró la sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulos los contratos de julio de 2006 por los que Prisa reclamaba más de 320 millones de euros, desveló el pacto alcanzado con el Real Mallorca para que no se celebre la vista previa del juicio, fijada para el próximo martes. «Quedan pocos procedimientos porque la mayoría los hemos ganado. Quedan tres (Espanyol, Celta y Getafe), porque hemos llegado a un acuerdo con el Mallorca. Ya no hay procedimiento en su caso porque hemos llegado a una solución pactada», precisó el directivo.

El acuerdo —pendiente dela firma— se produjo cuando el máximo accionista bermellón, Utz Claassen, se trasladó a Madrid para negociar un incremento del límite salarial fijado por la Liga de Fútbol Profesional (LFP). Las partes acordaron remitir un escrito al Juzgado correspondiente para anular la vista previa.

El pacto resulta ventajoso para los intereses de la SAD balear, cuyo conflicto con Mediapro se remonta al mes de agosto de 2012, cuando el consejo de administración, con los votos a favor de Miquel Coca, Serra Ferrer, Biel Cerdà y Jaume Cladera, el voto en contra de Claassen y las abstenciones de Pedro Terrasa y Pep Roig, decidió romper su contrato con la operadora para rubricar un compromiso con Prisa TV. El club se acogía a la resolución de la Comisión Nacional de Competencia que limita la duración de los contratos a tres años, una situación que no ha contemplado el Tribunal Supremo.